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Senador «evista» es agredido fuera de la Vicepresidencia y responsabiliza a Choquehuanca

El senador Hilarión Mamani Navarro, jefe de la bancada del MAS «evista», fue agredido este jueves por un grupo de personas afines al gobierno de Luis Arce cuando ingresaba a la reunión convocada por el vicepresidente David Choquehuanca en la ciudad de La Paz.

Al llegar a la Vicepresidencia, Mamani fue increpado por un grupo de la Federación de Campesinos de Cochabamba, quienes se encuentran en estado de emergencia y amenazan con «tomar» la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) si no se aprueba la ley de elecciones judiciales. La situación escaló rápidamente, con forcejeos e intercambio de amenazas entre ambos bandos.

El senador Mamani responsabilizó al vicepresidente Choquehuanca de las agresiones y cuestionó la intervención de la Policía en los puntos de bloqueo.

«No vamos a permitir esta situación, Choquehuanca trae a sus matones. Nos está desafiando, ellos son los vándalos, por eso están reprimiendo a nuestra gente con la plata del pueblo boliviano, con gasificaciones, policías y balines. No tenemos miedo», expresó.

El legislador instó a los representantes del MAS «arcistas» a allanar el camino para las elecciones judiciales y solicitó al vicepresidente Choquehuanca «voluntad política».

Más temprano, el jefe de la bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, afirmó que la mejor forma de «sacar» a los actuales magistrados «autoprorrogados» del Órgano Judicial es «consensuando y aprobando lo antes posible la ley para las elecciones judiciales».

«La mejor forma de sacar a los magistrados, que nadie quiere que se queden, es aprobando lo más rápido posible la ley, administrando lo más rápido las elecciones judiciales y poniendo a los mejores hombres y mujeres, que sin lugar a dudas hay muchos en Bolivia», dijo Mercado.

El diputado ratificó que existe la voluntad política del MAS para avanzar en el tema, pero siempre apegados a la Constitución Política del Estado (CPE).

La crisis judicial en Bolivia se ha agudizado en los últimos meses, luego de que los magistrados del Órgano Judicial se prorrogaran en sus cargos en noviembre de 2022.

La decisión fue cuestionada por la oposición y organizaciones sociales, que consideran que es ilegal e ilegítima.

Las movilizaciones en rechazo a la prórroga se han intensificado en las últimas semanas, generando pérdidas económicas y desabastecimiento en el país.

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