ECONOMÍA Y FINANZAS

Las nuevas sanciones de Estados Unidos a Venezuela significan que el país no recibirá pagos por el petróleo que va a las refinerías estadounidenses en el Golfo de México, las únicas que pueden procesar el petróleo pesado venezolano. Más aun, Venezuela tiene que pagar, en dólares, por las gasolinas livianas que le compra a Estados Unidos para poder licuar su crudo ultra pesado que no puede fluir por un ducto ni si quiera para ponerlo en un buque tanquero.

El dato de la pobreza fue difundido por la Cepal, cuando advirtió también que Argentina había subestimado los niveles de pobreza debido a que en el periodo de los esposos Kirchner, la oficina de estadísticas fue obligada a tergiversar los datos de la realidad.

Estos datos han venido a mostrar que los organismos nacionales que deberían medir algunos indicadores no cumplen su labor. La situación de la pobreza, que se reveló justamente cuando el presidente Evo Morales acababa de ufanarse de haberla bajado, debía haber sido detectada por el INE, pero algún problema tiene ese organismo que no puede hacer su trabajo, incluso cuando se trata del índice de precios al consumidor.

El parlamento debía haber observado, a tiempo, cuando se aprobaban los presupuestos anuales, que el Gobierno del MAS estaba destinando muy pocos recursos al gasto social, en lugar de que el dato llegue del exterior, como ocurrió esta vez. Se sabe que en el parlamento los presupuestos anuales son aprobados sin siquiera mirarlos por parte de los representantes del Gobierno, como ocurrió con el de 2019, que fue aprobado en 24 horas después de que había sido remitido un mes antes por el ministerio de Economía y retenido por el vicepresidente sin ninguna explicación.

Y el dato de la corrupción no debería llegar, como en este caso, de Londres, donde tiene sus oficinas Transparency International, sino de la Contraloría boliviana.

Las denuncias acerca de los sobreprecios de contratos estatales son hechas incluso por exfuncionarios del gobierno pero el país tiene que enterarse del alto nivel de la corrupción por un informe de Transparency que coloca a Bolivia en el tercer lugar de los más corruptos en el continente, detrás de Venezuela y Nicaragua.

Las instituciones nacionales no están cumpliendo con sus tareas. El INE, la Contraloría, el parlamento, tienen funciones de fiscalización creadas por quienes diseñaron el Estado boliviano. Incluso la Constitución vigente, diseñada por el MAS, reconoce aquellas funciones de fiscalización, pero en la práctica eso no se da, con lo que el país queda en la incómoda situación de que sus pecados y deficiencias sean observadas por los extraños.

El Diario.

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