UNODC aconseja penas alternativas a la reclusión para mujeres implicadas narcotráfico

    La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) aconsejó el viernes, mediante un boletín institucional, "penas alternativas a la reclusión, para mujeres implicadas en delitos menores de tráfico de sustancias controladas" tipificados en la Ley 1008.

    "Cuando mujeres y adolescentes están envueltos en los delitos relacionados con drogas, casi siempre tienen un rol menor, es decir, son los eslabones más débiles de la cadena", dijo el representante de la UNODC en Bolivia, Antonino De Leo, citado en dicho boletín.

    Acotó que por lo general, los delitos que cometen esas personas son una consecuencia de su propia adicción o resultado de la manipulación, la pobreza y otros factores socioeconómicos.

    Además, una gran parte de mujeres son utilizadas como correos de drogas, a través de las fronteras o en las cárceles, agregó.

    De Leo indicó que medidas eficaces para enfrentar el narcotráfico son aquellas que conducen al encarcelamiento de los grandes narcotraficantes, quienes pueden reemplazar fácilmente a las mujeres que emplean para el micro-tráfico.

    Indicó que la privación de libertad de mujeres por delitos de drogas menores, las marginaliza aún más, causando daños a sus familias, en particular a sus hijas e hijos.

    La UNODC recordó que los Estados parte de las convenciones del sistema internacional de fiscalización de estupefacientes deben asegurar que las sanciones previstas en sus marcos normativos sean proporcionales a los delitos.

    La Dirección General de Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno informó, en mayo de 2016, que la proporción de mujeres privadas de libertad por delitos relacionados con drogas alcanzaba a poco más del triple del promedio mundial, con 39% de la población femenina recluida.

    De un total de 1.157 mujeres privadas de libertad a nivel nacional, 448 estaban recluidas por delitos relacionados a la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).

    Esa cifra representa el doble de la proporción de hombres privados de libertad en Bolivia por delitos similares.
Red Central/dea/ma    ABI

 


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