Rodríguez puede agravar situación jurídica de Mesa

La respuesta al cuestionario que emitió el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé sobre el caso Quiborax puede agravar la situación del expresidente Carlos Mesa, porque argumenta que enmendó el procedimiento y reestableció el principio de legalidad para la recuperación de las concesiones mineras en el Salar de Uyuni.

Ante esto el vocero de la demanda marítima señaló que el fiscal Ramiro Guerrero emitió una lectura tergiversada del informe.

RAMIRO GUERRERO

“En ese caso todavía sería más lapidario para el expresidente Mesa, porque establece claramente el expresidente Rodríguez Veltzé, que emitió un decreto subsanando lo mal que se había hecho y corrigiendo la ilegalidad que se había cometido”, dijo el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, después de una reunión que sostuvo en el Ministerio de Justicia con otras autoridades de esa área.

El titular de la Fiscalía indicó que las respuestas del cuestionario fueron remitidas un día después de vencido el plazo para presentar el requerimiento acusatorio en contra del expresidente Mesa, y que por supuesto, esos antecedentes se analizarán y se acumularán cuando se investigue el caso, si es que la Asamblea Legislativa autoriza el juicio de responsabilidades.

CARLOS MESA

Sin embargo, horas después de conocer estas declaraciones, el expresidente Carlos Mesa advirtió que el titular de la Fiscalía tergiversó la respuesta que emitió Rodríguez Veltzé, que sólo se refirió a los errores de forma que se presentaron en el Decreto Supremo 27589 del 23 de junio del 2004, que fue promulgado en su gobierno que viabilizó la reversión de las concesiones mineras de Non Metallic Minerals Quiborax.

“El Fiscal manifiesta su abierta parcialidad en mi contra, al hacer declaraciones sobre el contenido de la misma cuando ya no tiene atribución ni competencia para seguir con investigaciones preliminares, una vez formulado el requerimiento acusatorio en esta fase del proceso”, sostiene el exmandatario en una publicación en su sitio web.

ENMIENDA

En una de las 12 preguntas que hace el Ministerio Público a Rodríguez Veltzé, la exautoridad explicó que en su gestión de gobierno (junio a diciembre del 2005) cumplió con el principio de la legalidad y que se abrogó el Decreto Supremo 27589, emitido por Carlos Mesa, porque adolecía de deficiencias insubsanables.

“Quiero dejar constancia expresa de que la actuación de mi gobierno se concentró en restablecer el Principio de Legalidad en la conducción de la actividad del Estado en el procedimiento de recuperación de concesiones mineras ubicadas en el Salar de Uyuni y áreas de influencia conforme lo dispuso la Ley 2564”, señala en su declaración como testigo.

El Decreto de Carlos Mesa, dispone la revocatoria de la resolución constitutiva y pérdida de las concesiones mineras Cancha I, Doña Juanita, Tete, Borateras de Cuevitas, Basilea, Inglaterra, Don David, Sur, Pochocho, La Negra, Cancha II, ubicadas en el Delta del Río Grande del Gran Salar de Uyuni, Provincia Nor Lípez del Departamento de Potosí, que se adjudicó la firma chilena.

El gobierno de Rodríguez promulgó el Decreto Supremo 28527 el 16 de diciembre de 2005 que dispuso abrogar el Decreto Supremo 27589 del expresidente Mesa, donde señala que esa norma adolece de deficiencias jurídicas insubsanables conforme al Código de Minería.

En ninguna de las disposiciones del Código establece la revocatoria de concesiones mineras, en las que se aplica la figura legal de caducidad y nulidad de concesiones mineras previo proceso administrativo bajo competencia y jurisdicción de la Superintendencia de Minas.

Bajo ese punto, Mesa argumentó que el 28 de octubre de 2004, la Superintendencia de Minas, anuló las concesiones de la Empresa Non Metallic Minerals (NMM), saneando de esa forma el Decreto que se promulgó en su gobierno.

PROCEDIMIENTO

En tanto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Antonio Revilla, manifestó que el requerimiento acusatorio presentado por la fiscal será tratado conforme al principio de prelación, es decir que es evaluado conforme a su llegada, ya que hasta el momento queda pendiente el 20 por ciento de los procesos que fueron dejados por los anteriores magistrados.

“No es tema de prioridad. Corresponde darle el mismo tratamiento que al resto de los casos que radican en la sala plena, no hay casos prioritarios. Hay que tomar en cuenta que nosotros estamos liquidando el resto de los casos en sala plena y consiguientemente después de esto será tratado”, dijo el magistrado.

AMENAZAS DE PROCESO

Tras conocer que el Fiscal Departamental autorizó el retiro de acusación contra 8 accionistas de la empresa chilena, por la falsificación del acta de accionistas, los diputados Wilson Santamaría, Grover Huanca y Rafael Quispe presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra los ministros Héctor Arce y César Navarro, el procurador Pablo Menacho, además de los fiscales Favio Maldonado y Edwin Blanco, este último autorizó la resolución.

El fiscal departamental Edwin Blanco aseguró que está dispuesto a someterse a cualquier proceso de investigación, ya que existen fundamentos legales que son explicados y que era una obligación desea instancia dar cumplimiento al laudo arbitral, caso contrario este hubiese generado procesos en su contra.

SOLICITUD DE INFORME

Por su parte, Guerrero pidió un informe a la autoridad departamental para que explique cuáles fueron las razones para el retiro de la acusación, aunque dijo que este se basó en un procedimiento legal que establecía el laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).


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