Revelan que Fiscalía amenazó y retiró testigos en juicio del caso Alexander

FÉLIX FERNÁNDEZ Y NORMA SUMI, PADRES DE JHIERY FERNÁNDEZ, TRAS CONOCER LA SENTENCIA CONDENATORIA.

Los padres del médico Jhiery Fernández, sentenciado por la muerte del bebé Alexander, revelaron que la fiscal Susana Boyán amenazó y retiró a testigos de cargo que presentó su defensa. Forenses, investigadores policiales y compañeros de trabajo del galeno aseguraron que los jueces del Tribunal Décimo de Sentencia lo condenaron a 20 años de cárcel sin prueba alguna.

En diciembre de 2015, al inicio del juicio, la comisión de fiscales, conformada por Edwin Blanco y Susana Boyán, presentó informes, análisis de laboratorio, fotografías, declaraciones y una lista de al menos 60 testigos de cargo con el fin de probar que el bebé Oscar Alexander Ch. V. fue víctima de violación y que el autor del vejamen era el doctor Jhiery Fernández.

Sin embargo, el Ministerio Público confirmó que la fiscal Boyán “por estrategia” retiró a varios testigos, aspecto evidenciado en el Tribunal Décimo de Sentencia, cuando la mayoría de quienes declararon como testigos de cargo aportaron con datos que eximían al doctor Jhiery Fernández de algún tipo de participación en el supuesto hecho.

También se conoció que las fotografías de la necropsia, tomadas por la forense María Terán, experito del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), no fueron presentadas debido a las amenazas de parte de Boyán contra el equipo de investigadores, quien también remitió a sus superiores notas con anuncios de proceso en contra del capitán René Tambo, actual jefe de Homicidios de la Felcc, quien declaró en el juicio señalando varios errores cometidos en los informes de los forenses Ángela Yarmila Mora y Cristian Camacho.

Fiscal Blanco mintió

Ayer, en entrevista con los medios de comunicación, Félix Fernández y Norma Sumi, padres del médico procesado, denunciaron que el ahora fiscal Departamental, Edwin Blanco, mintió al señalar que los peritos que emitieron el certificado forense, diagnosticando la supuesta violación, Mora y Camacho declararon como “forenses” y sólo fueron presentados como testigos.

A pesar de estas irregularidades, la fiscal Boyán calificó como un gran logró la sentencia emitida por el Tribunal Décimo de Sentencia, asegurando que se trabajó de forma “objetiva”.

De rodillas ante Fiscal General

Algunos aspectos que llamaron la atención durante el inicio del proceso, Norma Sumi relató que pidió de rodillas y llorando al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, verificar los antecedentes del caso, asegurando que su hijo era inocente y este le aseguró que sabía, pero la mujer se dio cuenta que Guerrero estaba presente el 14 de diciembre cuando su hijo fue detenido.

En esa fecha, según la declaración del capitán Tambo ante el Tribunal ya en juicio, el médico se negó a firmar la declaración redactada por el fiscal Blanco, debido a que en la declaración habían cosas que él no había declarado.

Marco Antonio García, entonces abogado del médico, corroboró a EL DIARIO todos estos antecedentes y aseguró que Blanco pretendió hacerle firmar un documento en el cual Fernández se inculpaba, lo que provocó una agria discusión en presencia del uniformado, quien dijo la verdad en juicio, señalando que no existía indicios de culpa contra el médico.

Testigos retirados

Entre los testigos que Boyán retiró de manera irregular estaba Luci Ibañez Mamani, esposa del portero del Hogar Virgen de Fátima, quien debía descartar la presencia del médico en el lugar, el 13 de noviembre de 2014, que cuando se afirma se cometió el hecho.

Boyán evitó también que declaren los investigadores especiales, Jhonny Paredes Espinoza, Jesús Licón y Ronald Valencia Jové. La familia asegura que ellos fueron excluidos por al fiscal para evitar que corroboren lo mismo que Tambo.

Otros testigos excluidos a último momento por Boyan fueron el exdirector del Servicio Departamental de Salud (Sedes), militante del Movimiento al Socialismo, Henri Flores, y de su colaboradora, Lourdes Murillo Cuentas, responsable de hospitales de La Paz, así como a Reynaldo Calle Sarmiento, responsable de Recursos Humanos del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges).

El motivo de esas exclusiones, según la explicación de los padres, era evitar que se les interrogue sobre las malas condiciones en las que vivían los menores al interior del Hogar Virgen de Fátima y cuáles eran las condiciones de atención médica que recibían, en situación de abandono y por qué se contrataba a personas sin experiencia para su cuidado.

Asimismo, Boyán dejó fuera a la practicante de enfermería del Hospital del Niño, que fue sentenciada en proceso abreviado, Naty Choquetarqui Bellido, quien había incurrido en contradicciones en sus declaraciones acerca de la toma de temperatura del menor.


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