Ramos:“No existen inversiones estatales”

En opinión del exasesor de Epsas, Marco Antonio Ramos, su situación jurídica responde a una empresa privada, por lo que no accede directamente a recursos del Estado, lo cual impide celeridad en las inversiones de obras estructurales, sin embargo, le transfieren proyectos para su administración que deben estar bajo régimen municipal.

En criterio de Ramos, las limitaciones técnicas de la operadora de agua devienen desde la concesión a Aguas del Illimani (AISA) hasta la administración de Epsas S.A., no habiéndose se ejecutado obras estructurales, excepto Hampaturi Alto, un proyecto con una década de retraso, asimismo, nuevas plantas de tratamiento de agua, de descargas residuales, además de la renovación de redes principales y secundarias.

“Los administradores y operadores del servicio de agua potable y sanitario pasan por alto el impacto en la salud pública, la falta de proyectos destinados a preservar la calidad del agua y la continuidad del servicio, aspectos que no se limitan a la instalación de piletas públicas, como actualmente se está haciendo”, apuntó.

Con relación a la Estación Interruptora de Presión (EIP), localizada en la comunidad de Hampaturi, aseguró que la citada infraestructura está a punto de colapsar y que por lo tanto, debe ser repuesta a la brevedad posible. Precisó que el 80% de las redes de agua y alcantarillado sanitario existentes en la ciudad cumplieron su vida útil.

FUGAS

Evaluó las operaciones de la empresa y señaló que atiende en promedio diariamente 100 boletas de reclamo por a fugas de agua en la red de La Paz, sin considerar El Alto, zona Sur y alrededores.

“Se estimó, en un estudio que sería de conocimiento del ente regulador, una pérdida del 37 al 45% de agua potable, lo que quiere decir que de 10 litros que se produce y potabiliza 4 y medio litros se derrocha por la presencia de figas en las tuberías, afectando las propias arcas de la empresa y poniendo en riesgo las salud de la población”, manifestó.

FACTURACIÓN

Identificó –asimismo– como problema irresuelto, la situación de los micromedidores. Al respecto, el 80% de estos corresponde a La Paz y El Alto, habiendo cumplido su vida útil 20 años. Según agregó, este hecho expone a dudas la confiabilidad del consumo registrado incluido en las facturas mensuales que reciben, mensualmente, 296.000 usuarios.

Ramos atribuyó que ante esta realidad se presentan, “más de 100 reclamos por día con mediciones inexactas y que los funcionarios explican por supuestas fugas domiciliarias”.


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