Pobladores de Zongo piden servicios básicos

La cobertura en el servicio de electricidad en el departamento de La Paz llega casi al 100% en el área urbana y un 70% en el área rural.

A decir de algunos lugareños, resulta insólito que en pleno siglo XXI todavía haya lugares que no dispongan de energía eléctrica, agua potable, telefonía u otros servicios básicos que en la actualidad son fundamentales para vivir.

Cuentan que para realizar una llamada de emergencia deben caminar kilómetros para encontrar señal telefónica, el agua lo deben comprar en Caranavi o llevar desde la ciudad de La Paz.

Algunas comunidades como Esperanza I y Esperanza II usan energía eléctrica generada por grupos generadores que funcionan con diésel que es comprado en el municipio de Caranavi; sin embargo, existen otros lugares como Ingavi, que no cuentan con este servicio y continúan usando mecheros.

Estas necesidades fueron planteadas a las autoridades, las mismas que no fueron escuchadas; los pobladores esperan que tanto las autoridades locales como nacionales puedan encaminar acciones para cristalizar su sueño de contar con servicios básicos.

El miércoles 31 de enero pasado, el gerente general de la empresa Distribuidora de Electricidad La Paz (Delapaz), René Ustariz, se trasladó hasta el sector y en medio de una reunión con los comunarios se comprometió a realizar el diseño de proyecto para luego ver el tema de financiamiento.

“Hay que evaluar la demanda (cantidad de familias), porque en base a esas estimaciones dimensionamos las necesidades (…) van a venir tres ingenieros para conocer en el terreno la dimensión del problema”, dijo.

Adelantó que se hará un plan de electrificación y un presupuesto para responder a esta necesidad; “la competencia de electrificación rural la tiene la Gobernación, pero en este caso el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz tiene tuición, porque éste es un Distrito del municipio paceño”, explicó.

BENEFICIARIOS

El sector que se beneficiará con el proyecto se caracteriza por la producción de café, banana y cítricos, aunque también está la cooperativa aurífera “La Esperanza”, que tiene como socios a varios pobladores de las diferentes comunidades.

De acuerdo con los pobladores, de este servicio se beneficiarían directamente seis comunidades (La Esperanza, La Esperanza II, Ingavi, San Jorge, Segunda San Jorge y Waricunca), cada una con un aproximado de 20 familias y otras 15 comunidades que están dispersas.

COBERTURA

Ustariz manifestó que la cobertura en el servicio de electricidad en el departamento de La Paz llega casi al 100% en el área urbana y un 70% en el área rural, por lo que se realizan trabajos para mejorar este porcentaje aunque no solamente depende de Delapaz, sino de la participación del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.

Hace no muchos años, la cobertura de electricidad en el área rural era menos del 50%, cantidad que fue incrementando en el marco de la Agenda Patriótica 2025, que plantea la socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para vivir bien.

Manifestó que el suministro eléctrico está garantizado toda vez que se están construyendo centrales hidráulicas, solares y eólicas, lo que permite garantizar el servicio sin dificultades.

CONSTITUCIÓN

En artículo 20 de la Constitución Política del Estado (CPE), señala: “Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones”.

En sus acápites siguientes señala que es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada. La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social. “El agua y alcantarillado constituyen derechos humanos y no son objeto de concesión ni privatización”, dice la norma.


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