Parlamentarias son víctimas de acoso y violencia política

El acoso y violencia política no está ausente en el Parlamento, tanto así que varias legisladoras denunciaron en estos últimos años que son o fueron víctimas de sus propios colegas. Esta situación es corroborada por la Coordinadora de la Mujer que, según un estudio, detectó que más del 75 por ciento (%) de mujeres parlamentarias fueron o aún son sometidas a tratos considerados, según norma vigente como delitos.

“Más del 75 por ciento de las mujeres ya sean del oficialismo o de la oposición son o han sido víctimas de acoso o de violencia política; tenemos una Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres pero no se cumple y muchas veces las propias compañeras tienen miedo a denunciar”, afirmó ayer la diputada Fernanda San Martín (UD), según la agencia Erbol.

San Martín sostuvo que muchas veces las asambleístas tienen miedo a denunciar y no consideran que esta sea una forma de enfrentar el debate de estos temas, porque no puede permitirse que una sociedad como la boliviana siga siendo violenta hacia las mujeres.

Indicó que de acuerdo al estudio de la Coordinadora de la Mujer, se han evidenciado algunos casos en que diputadas del oficialismo ejercieron violencia contra su propias colegas de bancada.

“Yo he visto de algunos casos que por privacidad no voy a decir sus nombres, pero que vinieron llorando por el maltrato que han sufrido de parte de una diputada”, declaró San Martín.

Entre 2016 y 2017, en su sección Política y Mujer, EL DIARIO recogió varios testimonios de legisladoras que revelaron que, en algún momento de su carrera en el Parlamento, fueron víctimas de acoso y violencia política.

TESTIMONIOS

Una de esas situación ha sido confrontada por la diputada Norma Piérola, del PDC, quien en 2016 dijo ser víctima de acoso político del Gobierno por su trabajo de fiscalización y denuncia de irregularidades en la administración del Estado.

“Cuando cuestiono la gestión del Ejecutivo, el Gobierno me inicia proceso judiciales y en la Comisión de Ética. Esto es persecución política”, puntualizó Piérola. Refirió además que sus familiares son víctimas del acoso político, porque no pueden conseguir trabajo en entidades públicas. “Yo no revelo los nombres y donde se encuentran mis tres hijos y mi esposo, por protección”, señaló.

Otro de los casos es el de la diputada Jimena Costa, de UD, quien en enero pasado denunció que sufre acoso y violencia política por parte de un grupo de sus colegas de bancada.

“Colegas suplentes recibieron llamadas de amenaza por parte del diputado Gonzalo Barrientos y su gente, con la finalidad de que lo apoyen o, caso contrario, truncarán la carrera política de las parlamentarias”, aseguró Costa, en enero pasado, en la conformación de bancadas camarales y en el conflicto interno que dividió a su bancada.

Asimismo, EL DIARIO recogió la postura de la diputada Gina Torrez, del PDC, quien en septiembre de 2016, como presidenta de la Comisión de Política Social, denunció que el acoso político invisibiliza a la mujer.

“Lamentablemente, las mujeres somos víctimas del acoso político, pese a estar regulado por la Ley 243 de Acoso y Violencia Política, norma que debe aplicarse en los juzgados y en el Ministerio Público”, expresó Torrez.

COMISIÓN

Por esta causa, la Cámara de Diputados debió conformar ayer la Comisión Especial de Investigación sobre Presuntos Actos de Acoso y Violencia Política, pero decidió aplazar la tarea hasta la próxima semana, ante el reclamo de la oposición que no encuentra día para el inicio de las investigaciones de algunos casos que involucran a legisladores de ambos lados.

El jefe de bancada del MAS, David Ramos, dijo que en la etapa de conformación de comisiones y comités, surgieron denuncias de acoso político e irregularidades con los funcionarios.

También se han producido actitudes de racismo en la oposición y frente a esas denuncias, se comprometió conformar una Comisión Especial, a fin de investigar y determinar la veracidad de las mismas, para luego analizar si corresponde derivar a la Comisión de Ética o a la jurisdicción ordinaria.

Aseguró que las primeras denuncias en ser investigadas serán las señaladas por las diputadas Jimena Costa y Fernanda San Martín, pero también las que se refieren al oficialismo, por tanto, se garantiza un trabajo ecuánime sobre la veracidad de las denuncias, acotó.


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