Pablo Solón solicita prescripción de acción penal por nombramiento ilegal

La denuncia penal contra Pablo Solón, exembajador ante la ONU, por “nombramientos ilegales” e “incumplimiento de deberes”, presentado por el Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción el 2 de septiembre de 2016, tiene penas privativas de libertad de un máximo de cuatro años, según los artículos 154 y 157 del Código Penal, por lo que habrían prescrito ya que el supuesto hecho ocurrió hace más de seis años, indica una publicación del portal web de la fundación Solón.

Según los artículo 29 inciso 2) del Código de Procedimiento Penal y 101-b) del Código Penal, la acción penal prescribe “en cinco años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea menor de seis y mayor de dos años”.

Toda la acusación contra Solón, según la denuncia del Viceministerio, es supuestamente porque “en su condición de Jefe de Misión de la Representación Permanente del Estado Plurinacional, habría nombrado o designado al Sr. Rafael José Archondo Quiroga como Embajador Representante Permanente adjunto/alterno del Estado Plurinacional de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas” mediante nota del 19 de enero de 2011, es decir hace 6 años y 6 meses. La denuncia penal también pesa contra Rafael Archondo.

“Este es el único presunto hecho que hubiera cometido Solón quien dejó de ser jefe de la Misión ante Naciones Unidas y funcionario público a fines de Junio del 2011, es decir hace 6 años atrás”, se lee en la publicación.

Tanto la denuncia del Viceministerio así cómo los diferentes documentos que cursan en el cuaderno de investigaciones de este caso, “en ningún momento señalan que se hubiera causado daño económico al Estado, que según el artículo 29 Bis del Código de Procedimiento Penal es la única causal por la cual no se aplicaría la prescripción anteriormente mencionada”.

Pablo Solón presentó este 25 de julio un memorial dirigido a la jueza 1º Anticorrupción y violencia contra la mujer de la ciudad de La Paz solicitando emita resolución declarando probada la excepción y “prescrita la acción penal con el correspondiente archivo de obrados”.

De acuerdo a ley, en el plazo de 24 horas la jueza Cinthia Delgadillo Aramayo debe poner en conocimiento del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y la Fiscalía el pedido del acusado para proceder a convocar la próxima semana a una audiencia para definir la prescripción.

El hecho de que el Viceministerio de Transparencia y lucha contra la Corrupción haya presentado esta acción penal contra Solón y Archondo, a sabiendas de que legalmente había prescrito, “muestra que la intención detrás de la acusación es desgastar, atemorizar y silenciar a Solón por su posición crítica frente a las mega hidroeléctricas del Chepete y El Bala y a Archondo por sus cuestionamientos al gobierno”.
 


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