Organizaciones civiles ven falencias en pre-selección

La Fundación Construir y otras organizaciones de la sociedad civil presentaron ayer un informe preliminar, de la primera parte de evaluación de candidatos para el Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura (CM), en el que se identifican algunas irregularidades.

Alrededor de 8 organizaciones, redes y plataformas de la sociedad civil están comprometidas con la promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia. Estas entidades definieron articular esfuerzos para llevar adelante el monitoreo a la preselección, evaluación y elección de altas autoridades judiciales.

Entre estas organizaciones se encuentran: Alianza Libre de Violencia, Asuncami, Comunidad de Derechos Humanos, Coordinadora de la Mujer, Fundación Construir, Plataforma por la Democracia y la Ciudadanía, Plataforma Ciudadana por la Defensa de la Justicia y los Derechos Humanos y el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Desarrollo y Democracia.

Entre las observaciones, destacaron la etapa de impugnación de candidatos, que fue calificada como muy corta y a la nueva convocatoria, que “no garantiza la paridad de género y plurinacionalidad”.

En ese marco, uno de los puntos más cuestionados fue la modificación que se realizó al reglamento de preselección de los postulantes, donde la etapa de impugnación a los candidatos del Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura se redujo de 7 a 4 días, tiempo considerado corto, porque la población no pudo presentar adecuadamente sus objeciones, lo que determinó su limitada participación.

“Hemos observado que el tiempo de las impugnaciones que se planteó en el proceso de preselección fue muy limitado, porque la gente que conoce de los antecedentes de los aspirantes no tuvieron el suficiente tiempo para presentar sus opiniones”, explicó Mónica Novillo, representante de la Coordinadora de la Mujer.

CALIFICACIÓN

En ese marco, estas organizaciones de la sociedad civil, redes y plataformas conformaron la “Iniciativa Ciudadana de monitoreo a las elecciones judiciales”, cuyo trabajo logró ya sus primeros resultados, con el informe preliminar que presentaron ayer.

Acerca de ello, la presidente de la Fundación Construir, Susana Saavedra, se refirió a las puntuaciones de los postulantes que obtuvieron notas mínimas, con las que fueron habilitados como candidatos al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental.

Este referente, según Saavedra, no corresponde con el perfil que debe tener un magistrado de una alta corte de justicia.

“Nosotros hemos observado las notas mínimas de los postulantes que se han establecido para habilitar en la preselección, creemos que estas notas no condicen con un perfil de eventual magistrado de una alta corte de justicia”, aseveró.

PARIDAD

Otra observaciones destacadas se refieren a los cambios que se realizaron al reglamento de preselección, después de declarar desierta la convocatoria para el Tribunal Constitucional y para el Consejo de la Magistratura.

El nuevo reglamento no garantiza la paridad de género a nivel departamental, si no a nivel nacional, lo cual no certificará de forma efectiva la igualdad de oportunidades, como dispone la Constitución Política del Estado (CPE) y los convenios internacionales como la Carta Democrática Interamericana, la Convención Sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.

Saavedra manifestó que se recomienda a las comisiones respectivas de la Asamblea Legislativa que garanticen el cumplimiento del artículo 6 de reglamento de proceso de preselección, que manda garantizar que el 50 por ciento de las personas preseleccionadas en las listas de las instituciones sean mujeres, así como la inclusión de postulantes de origen indígena originario campesino.

En ese contexto, la Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia se ha propuesto continuar con el trabajo, como aporte constructivo al proceso de selección de candidatos de todas las instancias judiciales.


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