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La Paz - Bolivia.- Datos recopilados por TIC’s para el Desarrollo, un grupo de profesionales que promueven el acceso libre a la tecnología, detallan que en Bolivia un usuario promedio de internet debe pagar hasta ocho veces más por el internet que lo que gasta otra persona en cualquiera de los países vecinos. Este aspecto, según el análisis, determina que este servicio aún este lejos de ser considerado un ‘servicio básico’ como señala la Constitución Política del Estado (CPE).

El representante de esa organización, Mario Machicado, explicó que en el país uno de cada diez ciudadanos navega en internet, pero lo hace en condiciones ´malas’, a raíz de la calidad que ofrecen los operadores a la población, haciendo a esta conexión la más lenta en el contexto latinoamericano.

“Tú vas a un café internet y siempre navegas lento, en La Paz navegas lento, te imaginas como navegan en Achacachi, BOLPEBRA, Puerto Suarez, todos navegan en velocidades que podríamos fácilmente calificar como de tortuga. La primera realidad es que navegamos con el internet más lento de la región y el precio también es desequilibrado", apuntó 

Otros datos del estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL establecen que en Bolivia, con relación a otros países, el servicio de Internet es el más caro y la conexión más lenta. Machicado aseguró que la población nacional es la que mas paga en la región, situación comparada a Cuba que sufre un bloqueo económico.

Por su parte, Luis Páez, desarrollador independiente de software, cuestionó los contratos firmados entre la población y las empresas que ofrecen el servicio, señalando que en muchos de esos documentos se incluye una clausula que señala que el operador realizará ‘el mejor esfuerzo posible’ para garantizar la eficacia del internet, parágrafo que conlleva a que no haya un mínimo de calidad.

“Las empresas te ponen en el contrato le ofrecemos el servicio bajo ‘el principio de mejor esfuerzo’ ósea que ellos hacen el mejor esfuerzo que pueden para darte la conexión que tienes (…) Lo que tiene que haber es un punto que te diga, nosotros te damos una x cantidad de ancho de banda y puedes esperar a que reduzca hasta otra cantidad, si es malo el servicio te debemos indemnizar’, eso es lo que necesita este servicio”, aseveró.    

La planificación de TIC`s para el Desarrollo, indica que entre esta y la próxima semana se llevarán encuentros entre las cooperativas, empresas y ente regulador del sector, tanto en Cochabamba como en Santa Cruz, con el fin de analizar el reglamento de la Ley de Telecomunicaciones.

Estándares internacionales

En el país se venden y se entienden como conexiones a “banda ancha” aquellas a partir de los 128 Kilobits por segundo (Kbps), mientras que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) la define como "una capacidad de transmisión más rápida que la velocidad primaria de la red digital de servicios integrados (RDSI), a 1,5 o 2,0 megabits por segundo (Mbps)".

Una conexión domiciliaria puede tener una tarifa de 110 a 251 dólares mensuales, cuando en Bolivia el salario mínimo apenas ronda los 117 dólares.

Panorama negativo

El acceso a internet en Bolivia es limitado, ya que sólo 8 por ciento de los 10 millones de bolivianos acceden, según cifras de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

Son cuatro empresas las que lideran la oferta de este servicio en el país (Entel, Telecel, Nuevatel y AXS), todas aglutinan una carga de 800 mil usuarios, de los cuales un 85 por ciento están concentrados en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Cronológicamente, esta gestión se cumplen 22 años desde que el internet llegó a Bolivia, cuando en 1989 este servicio fue instalado para mantener conectadas a las representaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros.

Los especialistas señalaron que para mejorar el servicio es necesario que el Estado reorganice el Plan Nacional de Frecuencias para considerar la banda ancha, y otorgue beneficios fiscales para la importación de equipos tecnológicamente adecuados.
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