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Sucre - Bolivia - 27 de noviembre.- El ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero, es quien deberá pronunciarse en última instancia sobre el desalojo o permanencia de la colonia menonita asentada en la provincia Cercado (Beni). Esta decisión se dará a conocer hoy, según el asesor jurídico de dicha entidad del Gobierno.

El director nacional de Tierras, Cliver Rocha, informó el domingo que el asentamiento era ilegal por producirse luego de la promulgación de la Ley INRA, el año 1996. Un día después, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, afirmó que los menonitas “de ninguna manera se van a quedar (en las tierras que ocupan)”.

Romero declaró ayer a La Razón que en el caso de los menonitas “hay un recurso jerárquico interpuesto (por la colonia), ese es el elemento nuevo y una vez que se resuelva se procederá a aplicar la resolución de desalojo en caso de que el recurso fuera declarado improcedente”.

Este recurso impugna la decisión del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de desalojar a los menonitas por considerar ilegal su ocupación.

Según el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Rural, Justino Avendaño, el recurso jerárquico “se radicó (llegó al ministerio) el 31 de octubre y lo estamos sacando (la respuesta) mañana (hoy)”.

Avendaño agregó que el pronunciamiento “se está emitiendo tres días antes” del plazo establecido, mismo que en este caso es de 30 días calendario.

Romero evitó opinar sobre el carácter de su decisión. “Yo voy a ser quien resuelva el recurso jerárquico y no puedo adelantar opinión”, dijo y agregó que en caso de resultar procedente “seguramente tendría que haber una pericia de campo complementaria, una modificación al informe del INRA (sobre el caso)”.

Consultado sobre si la decisión de Romero puede frenar el desalojo, Rocha señaló: “No creo, no hay ninguna posibilidad. Las imágenes satelitales y la revisión de las carpetas confirman contundentemente que es un asentamiento ilegal”. Por su lado, la agencia EFE reportó que Almaraz dijo que “a nosotros nos ha tocado examinar las razones de los menonitas y no vemos, francamente, que sean salvables´.

A la fecha, reveló Romero, los menonitas no presentaron la documentación que acredita su derecho propietario, es decir, la minuta de compra y venta de sus tierras. Este fue el compromiso que asumieron en Trinidad, en una reunión con campesinos del Beni, quienes marcharon a su favor en la capital beniana y además pidieron la renuncia de Rocha “por su prepotencia”, según admitió el ministro.

En el encuentro, agregó la autoridad, también se elaboró “un cronograma para concluir los procesos de saneamiento de las comunidades movilizadas”.

En cuanto al saneamiento en Alto Parapetí (Santa Cruz), el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, dijo ayer que esta medida ´va a continuar en todo el país´ ya que es ´un proceso consagrado por ley´, según un reporte de ANF. Añadió que ´si (los hacendados) vuelven a hablar de comités de defensa armados como hicieron hace algunos meses, tendrán que saber que va a haber una respuesta del Estado con la fuerza legal y constitucional´.

Por su parte, Erbol reportó que el presidente del Comité Cívico cruceño, Branko Marinkovic, indicó que no se permitirá que se sigan cometiendo abusos con el pretexto de sanear tierras. Y la Prefectura, en un comunicado, acusó al Gobierno de buscar apropiarse de la riqueza hidrocarburífera de Alto Parapetí.

El Tribunal critica las acciones

El presidente del Tribunal Agrario Nacional, Luis Arratia, cuestionó al INRA por recurrir a la fuerza pública para iniciar el proceso de saneamiento en Alto Parapetí (Santa Cruz) y también criticó a los cívicos de esa región por expulsar a las brigadas de la entidad agraria.

“El Tribunal Agrario considera que ambas determinaciones están equivocadas”, afirmó y luego advirtió que si no existe un encuentro voluntario entre las partes involucradas, el proceso de titulación corre riesgo y pueden generarse conflictos serios.

Arratia aclaró que la actuación del INRA no es ilegal, “pero creo que están equivocados en el método, porque el proceso de saneamiento es obligatorio y en caso de resistencia, cualquier funcionario público puede pedir el auxilio de la fuerza pública”.

Sin embargo, la autoridad señaló que los afectados con las resoluciones finales del INRA pueden recurrir ante el Tribunal, dentro de un proceso contencioso administrativo, para que esta instancia judicial pueda revisar la legalidad de los actos del Estado.