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Sucre - Bolivia.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Elizabeth Salguero, afirmó ayer que elaborará un informe sobre los hechos ocurridos en Sucre el 24 de mayo de 2008, y que el mismo servirá para que el Ministerio Público “sancione y castigue” a los responsables.

Salguero presidió durante dos días las audiencias en las cuales declararon más de veinte personas, entre víctimas y testigos de esos hechos, aunque los principales acusados no concurrieron a la convocatoria camaral.

La diputada oficialista indicó que las declaraciones de los testigos “apuntan a los integrantes del Comité Interinstitucional” de Sucre, al lamentar que muchas de las personas denunciadas “no tuvieron el valor de venir a decir su verdad”.

“Vamos a hacer el informe que nos pidió la Cámara de Diputados y esto va servir para que el ministerio público sancione y castigue estos hechos violatorios a los DDHH que no van a quedar en la impunidad”, sostuvo Salguero.

Los principales dirigentes cívicos y autoridades de Chuquisaca rehusaron presentarse a declarar aduciendo una supuesta incompetencia de la Comisión de Diputados, y el dirigente John Cava denunció que ello formaban parte de una política de intimidación ejercida desde esferas gubernamentales.

También estaban convocados la prefecta Savina Cuellar, los senadores Fernando Rodríguez y Tomasa Yarhui, y los diputados Gonzalo Pórcel y Lourdes Millares, pero todos ellos argumentaron que la cabeza del Ministerio Público era la Fiscalía.

Entre los declarantes estuvo el artista César Brie, autor de un documental sobre el maltrato a los campesinos, quien dijo ante la Comisión que después de haber difundido ese material audiovisual comenzó a ser hostigado por dirigentes regionales.

De las audiencias no participaron, sin embargo, todos los miembros de la Comisión, entre ellos los diputados Fernando Barrientos y Jorge Alurralde (Podemos) y Johnny Torrez (MNR) quienes denunciaron una “politización” de las sesiones.

Al ffinalizar las audiencias, Salguero recordó que la mayor parte de las acusaciones recaen sobre los dirigentes departamentales, entre los que se encuentran John Cava, Savina Cuellar, además de los parlamentarios de oposición que habrían instigado esos hechos de violencia.