Liberación de bolivianos librada a vía diplomática o indulto presidencial en Chile (enfoque)

    La liberación de los 9 militares y aduaneros bolivianos encarcelados en Chile hace 40 días ha quedado librada a 2 vías, la diplomática y el indulto presidencial después de condenados, en tanto que Bolivia perfila una "campaña internacional" para finalmente conseguirla.

    Esta vía de doble carril se avistó, en el carácter de alternativa, después que la Corte Suprema de Chile rechazara el lunes un recurso planteado por la defensa de los 2 uniformados y los 7 agentes de aduana de Bolivia.

    La legislación chilena contempla la eventualidad de que, en último término y en este caso, la presidente Michelle Bachelet decrete la liberación de los bolivianos después de que corra el proceso judicial abierto contra ellos y al que le quedan 80 días de término.

    "...El Presidente de la República podrá prescindir de los requisitos establecidos en esta ley y de los trámites indicados en su reglamento, siempre que el beneficiado esté condenado por sentencia ejecutoriada y no se trate de conductas terroristas, calificadas como tales por una ley dictada de acuerdo al artículo 9° de la Constitución Política del Estado", dice en un parte la legislación chilena vigente.

    Los bolivianos han sido acusados de intento de robo de motorizados, portación de armas e incursión ilegal en territorio de Chile por la justicia de ese país.

    Bolivia, por su parte, ha denunciado que "los 9" fueron "secuestrados" el 19 de marzo último en su territorio cuando perseguían a una banda de contrabandistas a 200 metros de la frontera común y, tras definir el proceso como una contravención al derecho internacional, el presidente Evo Morales se ha dicho dispuesto incluso a desatar una "campaña internacional" para denunciar que Chile viola los derechos humanos de los 2 militares y 7 funcionarios de aduana.

    "Será problema interno, pero tenemos todos los argumentos y vamos a seguir esta batalla política, jurídica, una campaña internacional para liberar, no vamos a abandonar a nuestros compañeros", dijo el viernes el mandatario en conferencia de prensa.

    Después que Claudio Grossman, agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, recomendara la liberación de los bolivianos, para evitar que Bolivia despliegue, en su opinión, una campaña internacional de "propaganda", el internacionalista chileno José Rodríguez Elizondo, dijo en declaraciones al periódico boliviano La Razón que "nosotros debimos haber tomado a estos soldados y haberlos puesto en su frontera".

    "No nos hagamos de prisioneros para  hacerlos judiciables en Chile, por la sencilla razón de que la judicialización mantiene vivo el problema. Para ellos (los bolivianos), obviamente que victimiza; éste es un cuento de nunca acabar", afirmó.

    Mediterránea causa de Chile desde 1879, cuando adicionó por la fuerza a su soberanía el litoral boliviano, Bolivia radicó en la CIJ, hace 4 años, un juicio para que La Moneda se avenga a una negociación de buena fe y con efecto vinculante para la cesión de una salida soberana al mar Pacífico.

    El presidente del Senado boliviano, Alberto González, invocó "las autoridades chilenas a que no compliquen más el escenario" bilateral, erosionado por la detención que Bolivia entiende ilegal y contraria, incluso, a la práctica diplomática internacional.

    La justicia chilena, que ha señalado un plazo de 120 días, computables desde el 21 de marzo, debe obrar en consecuencia tras el dictamen de su Suprema Corte y procesar a los bolivianos que combatían el contrabando cuando fueron detenidos cerca de la frontera binacional.

    Un cuarto del tiempo señalado para la sustanciación del proceso ya ha transcurrido en ese caso en que el gobierno boliviano se ha dicho también dispuesto a recurrir a la vía de la negociación diplomática para obtener finalmente la liberación de sus connacionales, que fueron tratados  como cuatreros y salteadores de caminos, extremo que La Paz ha rechazado de plano.

    Esto también para contrarrestar los dichos sin fundamento del diputado chileno, José Manuel Edwards, que dijo a media semana que "son una banda de delincuentes, que ingresaron al país para delinquir" y que, por lo tanto, deberían comparecer ante la justicia de Chile.

    Morales denunció que Chile iba, en este caso, a contrapelo del derecho internacional y funcionarios de su Gobierno deploraron que La Moneda, en este caso, hace gala de su poder.

    El embrollo bilateral se calca 3 años después que 13 soldados bolivianos fueron también arrestados cuando perseguían a contrabandistas de automóviles de segunda mano.

    Tras la formalización, por parte del Ministerio Público chileno, las autoridades de ese país deportaron a los uniformados, con que le saldó el incidente que fue a la par sustanciado por la vía diplomática.

    Este escenario, a 3 meses de que Chile conteste la réplica boliviana en el juicio marítimo en la CIJ y presente su Memoria en el juicio por las aguas manantiales del Silala, nacidas en territorio de Bolivia, que La Moneda reclama como de curso sucesivo y carácter internacional.

    Los bolivianos detenidos preventivamente en Chile, arriesgan, según diversas versiones, penas entre 20 y 15 años de cárcel.
Cc/           ABI

 


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