Gobierno quiere dar dinero de los trabajadores a los empresarios agropecuarios, deudores de $us.474 millones

El director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, reveló que el gobierno llegó a un acuerdo con los gremios de poderosos empresarios del oriente, para darles créditos libres de riesgos para esos agro-productores, sin regulación y con recursos provenientes de los aportes jubilatorios de los trabajadores.

En el programa “Líder de Opinión” de la radio Líder FM 97, Colque indicó que esos préstamos no serán para la producción, sino para pagar sus deudas que alcanzan a 474 millones de dólares a los proveedores de insumos, agremiados en la Asociación Boliviana de Proveedores de Insumos, Bienes y Servicios Agrícolas y Pecuarios APRISA, y en la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios APIA.

“En agosto de 2016, esos gremios enviaron una carta al Presidente Evo Morales haciéndole conocer esa deuda”, dijo Colque, y agregó que solo así se explica que ahora se hayan anunciado esos créditos, que como capital y su garantía de repago, salen del aporte jubilatorio de los trabajadores bolivianos.

El Presidente Morales anunció hace pocos días en Santa Cruz de la Sierra, que los productores agropecuarios recibirán créditos con recursos provenientes del 5% del Fondo de Inversiones de las AFPs, de $us.13.500 millones. En ese anuncio lo acompañaron representantes de Cainco, CAO y Cappo.

Colque planteó en “Líder de Opinión” varias interrogantes. Por ejemplo, cómo se explica semejante deuda millonaria, de esos empresarios con sus proveedores de insumos; o a dónde se dirigen sus ganancias cuyos montos se desconocen porque aparentemente la renta agraria es expatriada.

Igualmente, cuestionó que los movimientos financieros de los productores agropecuarios parezcan especulativos ante la ausencia de control estatal. Por su lado, en el mismo programa, el portavoz del Movimiento Tercer Sistema MTS, Pelagio Paty respaldó el planteamiento de Sósimo Paniagua, de la COB, en sentido de que las AFPs y el Ministerio de Economía deben rendir cuentas de cómo se administran los aportes jubilatorios de los trabajadores bolivianos.


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