Fiscalía citó a Carlos Mesa por caso Quiborax

El expresidente y vocero de la demanda marítima Carlos Mesa, fue convocado por la Fiscalía General del Estado para que declare por el caso Quiborax, la cita fue programada para el próximo martes (19) a las 8.30 horas. El asesor legal de la exautoridad confirmó su asistencia y reiteró que es una estrategia política con el fin de inhabilitarlo políticamente.

“El presidente (Evo Morales) tiene pesadillas con Carlos Mesa porque en todas las encuestas el rival que puede ganarle es Carlos Mesa, entonces están desplegando toda su artillería política y judicial para inhabilitarlo política y electoralmente”, dijo Carlos Alarcón, representante legal de MEsa-

Según la citación oficial, dentro del proceso penal FIS GEN 180003, Mesa debe presentar su declaración informativa ante la acusación de la Procuraduría General del Estado por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a la Leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por su presunta responsabilidad en el denominado caso Quiborax.

LA DEMANDA

La demanda contra Mesa fue presentada por la Procuraduría General del Estado, tras conocer que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló en contra de Bolivia y lo obligó a un pago de 48,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax, tras la finalización del juicio que se sostenía desde 2006.

De acuerdo con el titular de esa instancia, Pablo Menacho dijo que la aprobación del Decreto Supremo 27589 que revirtió la concesión que se le asignó a la firma de capitales chilenos en el salar de Uyuni no estaba enmarcada en el procedimiento correcto. A su criterio pretende evadir su responsabilidad e inmiscuir a otras personas que no tienen nada que ver con las ilegalidades en su gestión.

Sin embargo, el expresidente atribuyó que el fallo en el laudo internacional contra Bolivia fue por una pésima defensa que asumió el Gobierno iniciado por Quiborax-Non Metallic Minerals-Allan Fosk que, además afirmó que esa demanda se basó en documentos falsos que fue reconocido por David Moscoso principal accionista de la firma.

CELERIDAD

A la vez, Alarcón manifestó también que le sorprende la “velocidad meteórica” con la que se está desarrollando el proceso de investigación, puesto que existen varios casos de juicio de responsabilidades contra gente del partido oficialista, procesos que están estancados en el ministerio público y en la asamblea legislativa.

“Nunca ha habido una respuesta tan veloz en estos casos, es una velocidad meteórica con la que se está actuando, la mayoría de los juicios de responsabilidades avanza a velocidad tortuga y eso demuestra que hay una internacionalidad política”, sostuvo el jurista.

Por otra parte, explicó que el fiscal tiene 30 días hábiles como parte de la etapa de investigación preliminar y después definirá si admite o rechaza la proposición acusatoria. “Nosotros estamos convencidos de que acá no existe materia judiciable, el fiscal debería rechazar y archivar obrados”, enfatizó.

PREACUERDO

Alarcón también develó que el 2008, año en el que Evo Morales creó el Ministerio de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, donde fue designado a Héctor Arce como titular, la compañía accedió a terminar la demanda de arbitraje contra el país a cambio de un pago de $us 3 millones que debió efectuarse en 2009.

“Hubo un acuerdo verbal entre el gobierno y la empresa chilena que era de $us 3 millones pero la ineficiencia de la defensa del Estado hace que fracase este convenio. Estos elementos señalan que el Gobierno pretende inculpar al expresidente, tomando en cuenta que todo el proceso de arbitraje se ejecutó por el gobierno de Evo Morales”, reiteró.


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