FFAA tienen que precisar quiénes eliminaron archivos

Del Granado aseveró que una de las primeras tareas que tiene la Comisión es ganar la confianza y credibilidad públicas.

Las Fuerzas Armadas (FFAA) anunciaron que coadyuvarán con el trabajo del Comité de la Verdad para informar sobre las investigaciones avanzadas, a partir de la desclasificación de archivos de la época de la dictadura (1971 – 1982) y las acciones realizadas hasta la fecha, sostuvo el exalcalde de La Paz, Juan del Granado.

En su opinión, empero, “tienen que decir, con precisión, quiénes son los responsables de la destrucción de esos archivos. La destrucción de archivos públicos, mucho más si son archivos castrenses, es un delito penal y castrense. Que nos diga entonces quiénes son los responsables de la destrucción de esos archivos y que han hecho las FFAA para sancionar a esos delincuentes”, dijo ayer en conferencia de prensa.

“NO FUERON DESTRUIDOS”

La exautoridad edil tiene la esperanza de que los archivos de la dictadura no fueron destruidos y que se encuentran en sitios que precisamente no son las oficinas públicas del Estado, por lo cual considera que las FFAA son las que deben decir, de cara a los bolivianos, dónde se encuentran aquellos documentos.

En caso que realmente hubiesen sido destruidos, Del Granado señaló que los uniformados deben informar acerca de los responsables y autores de aquel hecho delictuoso y de las sanciones que se aplicó a los culpables.

“Veamos la posibilidad que se haya destruido, el comandante en jefe de las FFAA tiene que decir al país ¿cuándo se destruyeron? ¿Qué archivos se destruyeron? ¿Todos? (…)”, añadió.

ENCUBRIMIENTO

Recordó que, en la época de las dictaduras, las FFAA, en sus mandos superiores, tuvieron una permanente actitud de encubrimiento de lo sucedido en esos años, contrarios a la democracia.

La Comisión de la Verdad, que fue posesionado el lunes por el presidente Evo Morales, Del Granado señaló que es un error descalificar de inicio a quienes conforman aquel equipo; sin embargo, el hecho que el Gobierno haya decido nombrar a gente vinculada con el partido de Gobierno genera desconfianza en la ciudadanía.

Por lo cual, señaló la exautoridad de la ciudad de La Paz, una de las primeras tareas que tiene la Comisión es ganar la confianza, por ende la credibilidad, de la opinión pública, cumpliendo el mandato establecido en la Ley 879 del 23 de diciembre de 2016.

TRES COMPONENTES

“Este mandato tiene tres componentes: El primero es, sin duda, el de la investigación de la verdad, tiene que realizar una rigurosa investigación de todos los gobiernos dictatoriales, desde el 1964 hasta el año 1982”.

El segundo componente es la justicia y su informe final, es decir, la Comisión debe remitir los antecedentes de esa investigación con los indicios que han encontrado sobre delitos al Ministerio Público, instancia que debe llevar adelante los procesos penales respecto a los responsables con vida.

El tercer mandato es la reparación de las víctimas, “un mandato que está insuficientemente cumplido hasta ahora, lo que es peor, es un mandato que no es suficientemente legislado en la propia ley”.

COMPROMISO

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, sostuvo que los miembros de la Comisión de la Verdad son gente comprometida con la democracia y que luchan por la vigencia de los derechos humanos en Bolivia.

“Se trata de gente que tiene toda su vida, prácticamente, comprometida con la democracia, con la lucha por la vigencia de los derechos humanos. Son personas de una trayectoria impecable, incuestionable”, aseguró del Gonzales a los periodistas.

El Presidente del Senado hizo la declaración acerca de lo señalado por el ex líder político de oposición Juan Del Granado, quien afirmó que dicha Comisión, si bien es legítima, carece de credibilidad porque, en su criterio, algunos de los miembros son afines al partido de Gobierno.

PARA RECORDAR

Los integrantes de la Comisión de la Verdad son: Nila Heredia (exministra de Salud), Isabel Viscarra (activista en derechos humanos y temas culturales), Teodoro Barrientos (fundador de la Csutcb en Chuquisaca y presidente del Tribunal de Ética del MAS), Edgar Ramírez (exdirigente minero) y Eusebio Gironda (exasesor del presidente Evo Morales).

La Comisión tiene la misión de esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, entendidas como violaciones graves a los derechos humanos, fundados en motivos políticos e ideológicos, acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre 1982.


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