Examinarán estado de tierras y agua en Urubó

El Urubó, donde se tiene previsto realizar una auditoría medioambiental, está lleno de avenidas de doble vía, con camellones de más de 30 metros de ancho y con ambas calzadas pavimentadas, las cuales se entrecruzan con otras calles no menos amplias en medio de un paisaje rural que, paulatinamente, ha sido modificado por las empresas inmobiliarias. En la zona proliferan vallas publicitarias gigantes que ofertan lotes en una gran ciudad, en la que actualmente nadie habita.

La comarca comprende cerca de 100.000 hectáreas de los municipios de Porongo, principalmente, Colpa Bélgica y Portachuelo, comenzó a ser modificada por la edificación de urbanizaciones cerradas en los años 90, y cuya carrera por establecer viviendas exclusivas ha sido rápida, pues las empresas constructoras ofrecen comodidad para el pago de lotes y están creando sus propias líneas de trufi que transportan pasajeros hasta la zona del mercado La Ramada, en el corazón de Santa Cruz de la Sierra.

Ante este descontrol y haciéndose eco de un estudio elaborado por la cooperativa Saguapac, el gobernador Rubén Costas, el 10 de mayo, firmó la resolución de pausa administrativa, mediante la cual se congelaba la aprobación de toda clase de obras y de planes habitacionales en una parte del Urubó.

En la zona estarían siendo afectados los cursos de agua y la recarga de uno de los principales acuíferos del cual se nutre la capital departamental, el cual está en dirección del corredor de viento proveniente del parque nacional Amboró, considerado por los medioambientalistas el principal productor natural de agua para el consumo humano.

La secretaria de Medioambiente de la Gobernación, Cinthia Asín, explicó que el estudio encargado a la empresa Auditec, que es una asociación accidental conformada por las firmas CAVE SRL y Meridional SRL, permitirá identificar, cuantificar y cualificar los daños por impacto ambiental en el Urubó por la ejecución de urbanizaciones que han cambiado el paisaje rústico.

El costo aproximado del estudio será de Bs 2 millones y debe ser presentado en 360 días. Del estudio debe salir la forma de aprobación de las nuevas urbanizaciones y cómo deben ser readecuadas las construidas, además de proponer un plan correctivo si hay daño ambiental.


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