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Economía alista ley con miras a inspección del Grupo de Acción Financiera Internacional en 2020

El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Omar Yujra, informó el miércoles que se trabaja en un proyecto de ley que permitirá encarar una evaluación periódica de riesgos entre instituciones para mejorar la legislación que criminaliza la legitimación ilícita de ganancias (lavado de dinero) y el financiamiento al terrorismo, con miras a la inspección que hará en 2020 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

“(La ley) está relacionada al tema de la evaluación periódica. GAFI hará una evaluación al país el 2020 y el proyecto de ley es para que el país tenga una coordinación y pueda hacer esta evaluación de manera periódica”, dijo a los periodistas.

Yujra recordó que, en 2013, GAFI sacó a Bolivia de la lista gris de países observados y sujetos a seguimiento, luego de que lograra avances significativos en la ejecución de su plan de acción contra la legitimación ilícita de ganancias y el financiamiento al terrorismo.

El viceministro dijo que todavía se trabaja en el proyecto de ley y su activación estará sujeta a la agenda de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En agosto de 2008, el Órgano Ejecutivo emitió el Decreto Supremo 29681 que estableció un esquema de control sobre la internación y salida de divisas del territorio nacional y otorgó la responsabilidad de Sujeto Obligado a la Aduana Nacional respecto del lavado de dinero.

En mayo de 2009, el Gobierno emitió el Decreto Supremo 138 que estableció la aplicación de medidas cautelares (retención de fondos, incautación y confiscación) sobre el patrimonio y los medios e instrumentos que hubieran sido utilizados o estuviesen comprometidos en la comisión del delito de terrorismo, sedición o alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado.

En marzo de 2010, se promulgó la Ley 004, ‘Marcelo Quiroga Santa Cruz’, que mejora la tipificación del delito de legitimización de ganancias ilícitas.

En noviembre de 2010, promulgó la ley 060, que regula el funcionamiento y el control de casas de juego y juegos de azar, que también se incluye en el marco de la lucha contra las ganancias ilícitas.

En septiembre de 2011, con la Ley 170, el Gobierno incorporó al Código Penal las figuras penales de financiamiento del terrorismo, separatismo y legitimación de ganancias ilícitas, y asignó nuevas atribuciones a la Unidad de Investigaciones Financieras.

En julio de 2012, se promulgo la Ley 262, que instituye un régimen especial de congelamiento de fondos y otros activos de personas vinculadas con acciones de terrorismo y financiamiento del terrorismo, consignadas en las listas públicas de Naciones Unidas o en los requerimientos de países, en el marco de la cooperación internacional.

En abril de 2013, se emitió el Decreto Supremo 1553, mediante el cual se introdujeron aspectos complementarios al régimen de congelamiento de fondos de personas vinculadas con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
mcr/ma ABI