De la ley 1008 a la Ley General de la Coca, de la arbitrariedad a la legalidad

LEY 1008. Esta ley ha sido puesta en vigencia el 19 de julio de 1988, para nadie es desconocido, que ha sido una Ley Importada, que llego por correo, en inglés, como imposición y por arbitrariedad legislativa, de un Poder Legislativo sometido, por tanto ha sido una ley ajena a la realidad social, económica, política de Bolivia, represiva que viola los principios fundamentales sustantivos y adjetivos.

La Ley 1008 responde propósitos ajenos, en ella se engloba la actividad productiva de la coca, con la de “Sustancias Controladas”; al ser actos diferentes, cada uno de ellos requería de legislación propia, ante todo la referida a la producción de coca como uso legal.

En esta Ley se ha incurrido en una aberración jurídica, sin precedentes en la legislación universal al establecer la diferencia entre la coca en estado natural y la coca ¡intercriminis!, que considera la hoja de coca en proceso de transformación química, que aísla el alcaloide cocaína, forzando de acomodo, que la producción de la coca está destinada al contrabando, tráfico ilícito y la producción de cocaína, reduciendo la producción personal del campesino a la parcela, cuya economía es de subsistencia y que su ingreso sea proveniente del cultivo de la coca.

De una mirada rápida y general se puede determinar, que lejos de guardar las apariencias, de considerar que el cultivo de la coca es agrícola-cultural, orientada tradicionalmente en forma licita hacia el consumo, uso en la medicina y rituales de los pueblos andinos; sin embargo, deja su forma encubierta o subrepticia, para declarar que  “la coca” constituye un precursor inmediato por ser materia prima para extraer el estupefaciente la COCAÍNA  y que la siembra, plantación, cultivo, cosecha y recolección de semillas o materias primas vegetales que contengan sustancias controladas, por lo que toda la actividad agrícola en la producción de coca era ilícita, en consecuencia toda la producción tenia esta característica, por ser considerada como Delito; resultando que la delimitación en tres zonas ha sido innecesaria, ya que toda la producción ha constituido una actividad delincuencial, por lo que resulta una arbitraria política legislativa y claro sometimiento.

LEY GENERAL DE LA COCA. (Ley Nº 906 de 8 de marzo de 2017). Después de 29 años y 8 meses se pone en vigencia esta Ley y sin entrar a realizar un análisis de su estructura, sistemática y de la preceptiva, en primer lugar, debo referirme a que está ley refleja un proceso de transformación institucional, porque sustituye la ignominia y la arbitrariedad legislativa por la racionalidad o legalidad,  con pleno uso del derecho a la autodeterminación o libre determinación, que no es otra cosa que la Soberanía del Boliviano ejercida en forma denegada, sin injerencia externa, dando de esa manera a esta ley la mayor seguridad jurídica a la actividad de producción de coca.

En otra oportunidad me ocupare del contenido formal de la ley con examen exegético de cada uno de los artículos.

José María Rivera Ibáñez
CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL
DOCENTE EN MERITO DE LA UMSA


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