Corrupción y falta de prevención dejan a miles de paceños sin agua

    En una recopilación de datos que realizó la periodista Erika Apaza, se evidencia que la corrupción y falta de políticas preventivas caracterizó a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), que al presente dejó sin el líquido vital a más de 50.000 familias.

El 22 de noviembre de 2006, Epsas fue creada por el Decreto 28933, que también autorizó la compra de acciones de Aguas del Illimani Sociedad Anónima, - empresa de capitales franceses - que hasta entonces prestaba el servicio. La empresa pública paradójicamente se constituyó como Sociedad Anónima, lo que va en contra de la Constitución, que prohíbe que los servicios estén en manos del sector privado.

El año 2010, cuando la empresa Price Waterhouse completa una auditora y detecta 20 irregularidades, nadie se ocupa de efectuar el procesamiento respectivo.

En 2012, se conoce la primera denuncia de corrupción, dos integrantes del directorio de Epsas enfrentan imputaciones: una por supuesta falsificación y extorsión, y otra por extorsión en contra de un organismo de trabajadores y de una empleada de la misma empresa.

INTERVENCIÓN

En 2013, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) toma el control de Epsas y se fija seis meses para conformar una firma metropolitana.

Esa medida fue tomada porque se reveló que Epsas debía al fisco Bs 43,4 millones por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas y que además firmó un contrato con el Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Samapa) residual, por el alquiler de su infraestructura, Bs 67,4 millones, que deben ser pagados hasta 2019. Samapa estaba a cargo del servicio antes de que éste fuera otorgado en concesión (1997) a Aguas del Illimani.

En ese entonces, la AAPS, a través de un comunicado, dijo que Epsas tenía baja ejecución de inversiones, no tenía capacidad de reposición en inversión, su software de facturación corría riesgo de colapso, contamina el medioambiente —falta planta de tratamiento de aguas residuales en La Paz y la de El Alto contamina el lago Titicaca—, no tiene gestión de riesgos (grandes deslizamientos) e incumple sus compromisos con el pueblo (racionamiento en El Alto y zonas de La Paz), filtraciones, multas a usuarios con intereses por mora y otros, hecho que a criterio de especialistas y los mismo paceños no ha cambiado.

CRISIS DE LA FIRMA

El entonces director ejecutivo de la AAPS, Germán Aramayo declaró: “No hemos tenido una administración eficiente; los recursos que deberían ser para inversión son usados en operación y mantenimiento. No alcanzó para inversión y renovación de redes”.

Asimismo, aseguró, que el sindicato definía quién iba a ser el gerente, el subgerente y otros funcionarios, lo que hizo que se deteriore la administración.

En una nota de prensa de la intervención a Epsas, la AAPS afirma que la pérdida monetizada de la institución es de 134 millones de bolivianos, además de deudas por 43 millones de bolivianos.

Después de 17 meses de su intervención, según analizó el investigador y activista Julián Pérez, con la designación de dos interventores se esperaba que el manejo de la empresa cambiaría sustancialmente, pero por el contrario, los problemas de corrupción se profundizaron, según revela una auditoría de personal contratado en 2013, que habría generado una pérdida de al menos 67.025 bolivianos por pagos indebidos.

ÍTEMS FANTASMAS

Asimismo, había dos denuncias de ítems fantasmas en Epsas. Julio Ticona y Bernardo Machicado informaron que aunque presentaron documentos en la empresa en busca de un trabajo, no fueron contratados. Sin embargo, ambos figuraban en planillas de la prestadora del servicio.

En agosto de 2016, Rolando Huanca, uno de los presidentes de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve), reveló que un ejecutivo del bando contrario cobra “jugosos sueldos” de Epsas, siendo dirigente vecinal.

Huanca imputó a Dagoberto Condori Quispe, quien era primer vicepresidente de la Fejuve liderada por Franklin Machaca, que es afín al MAS.

Exhibió una papeleta de pago de Epsas a favor de Condori Quispe, la cual corresponde a marzo de este 2016. Según este documento, el dirigente vecinal tiene un salario de 8.477 bolivianos, pero con bonos su líquido pagable es de 14.037 bolivianos.

El Diario.


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