Constitucionalista alega Art. 339 sobre uso de recursos públicos

    El abogado constitucionalista Carlos Alarcón realizó una interpretación de la Constitución Política del Estado (CPE) y llegó a la conclusión de que la Carta Magna prohíbe el uso de los fondos de pensiones para favorecer a un grupo determinado de beneficiarios que, como ha anunciado el Gobierno, sería el sector agrícola cruceño.

AFP

Según Alarcón, los fondos de pensiones, que son los que tienen la titularidad de los recursos de la seguridad social, son entidades públicas que pertenecen a todos los bolivianos y cuyos recursos son usados por el conjunto de los bolivianos “paulatina  y progresivamente”, según van alcanzando la edad de la jubilación.

El jurista añadió que el Estado solamente puede administrar esos recursos y que ni los propios beneficiarios pueden usar los mismos en otros fines que no sean, en el momento establecido por ley, en forma de pensiones.

CONSTITUCIÓN

Alarcón remarcó que el artículo 339 de la CPE, en su parágrafo II, define con precisión lo indicado y que señala al respecto: “Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable; no podrán ser empleados en provecho particular alguno”.

Por lo tanto, según su criterio, la Ley 65 del Fondo de Pensiones, que autoriza la entrega del 5% de esos recursos, sería inconstitucional.

El presidente Evo Morales determinó utilizar el 5% del fondo de pensiones para generar un fondo de 150 millones de dólares y entregar créditos a afiliados de la CAO y Cainco y a pequeños agricultores. Ante las críticas recibidas al anuncio, el ministro de Economía, Luis Arce, dijo que sólo se usará el 1% del total de los recursos.

ANUNCIO INICIAL

El anuncio inicial fue hecho por el presidente, Evo Morales, en Santa Cruz, con la presencia del titular de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, muy próximo al Gobierno; Luis Fernando Barbery, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz; además Jorge Arias, presidente de Cainco, Reinaldo Díaz, titular de Anapo y otros dirigentes del sector privado. También estuvieron en el acto realizado en las instalaciones de la institución cruceña los ministros de Economía, Luis Arce, y de Autonomías, Hugo Siles.

EL AGRO DEPENDE DEL CLIMA

Los economistas Gonzalo Chávez, Alberto Bonadona y Samuel Doria Medina advirtieron que otorgar créditos al sector agrícola es muy riesgoso, puesto que depende de factores que no se controla, como el clima, plagas y otros fenómenos naturales.

Los dos primeros señalaron que es la banca privada la que debería entregar esos créditos y que el Estado no puede convertir a los fondos de pensiones en entidades crediticias. Doria Medina manifestó igualmente sus resquemores y dijo que la actividad agrícola no es previsible. Recordó la experiencia del país con el cierre del Banco Agrícola, en la década de los años de 1970, lo que no se puede dejar de lado, sostuvo.

EXEJECUTIVO

El exejecutivo de la Confederación de Jubilados de Bolivia, Irineo Rivera, dijo, desde Cochabamba, que la decisión del Gobierno muestra que en Bolivia comenzó la era de las “vacas flacas”, producto del despilfarro de los ingresos del país y principalmente de las reservas. Indicó que los trabajadores resistirán la decisión oficial para preservar la integridad y buen manejo de los ahorros previsionales.

De igual manera, la diputada de la oposición Norma Piérola cuestionó el fondo gubernamental que dirige expresamente los recursos de la fuerza laboral del país, obtenidos con sacrificio y por varios años de labor, en favor del sector agroindustrial de Santa Cruz.

El Diario.


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