Cinco problemas que explican situación en cárceles del país

Los últimos hechos sucedidos en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz, en los que murieron siete detenidos en un operativo la semana pasada, ponen en evidencia la grave crisis penitenciaria boliviana. Brújula Digital ofrece un repaso a los cinco problemas principales de los penales bolivianos.

1.- Violencia y

hechos delictivos

El hecho de que la Policía no controle el interior de los penales, lo que queda al arbitrio de los delegados de los internos, hace que las cárceles sean escenarios de hechos de violencia, acoso entre detenidos y reproducción de delitos. El reciente operativo en la cárcel de Palmasola demostró que dentro de la cárcel había drogas, armas de fuego, armas blancas y hasta plantas de marihuana.

Los delegados de las distintas secciones de las cárceles más importantes del país tienen un poder muy importante y pueden realizar cobranzas forzadas a otros internos, mandar a dar golpizas, proteger a otros a cambio de dinero.

Carlos Flores, docente de derecho de la UMSA y abogado penalista, expresó que los delegados de los internos dominan a los otros presos usando sistemas de “extorsión y violencia”.

Los presos más pobres son los que viven la peor experiencia. Dentro de los penales se paga por asignación de una sección (existen algunas que pueden llegar a costar 3.000 dólares solamente el ingreso), luego por “comprar”, “alquilar” o “conseguir en anticrético” una celda o minidepartamento, y finalmente por el alimento, la seguridad y otros aspectos.

Los presos son los que se organizan, y los más fuertes económicamente, realizan incluso grandes inversiones, para la construcción de bloques de celdas. Lo que el Estado no hace, por negligencia o dejadez, lo terminan haciendo los internos.

2.- Hacinamiento

Se considera que a mediados de los años 90 la población carcelaria en el país era de 4.000 personas, cifra que ha subido a casi 18.000 en un poco más de 20 años, pero no se han construido nuevos penales ni se han ampliado los antiguos. Por ello Bolivia tiene uno de los grados más severos de hacinamiento carcelario de América Latina, con un 290%. Eso quiere decir que casi tres personas viven donde debería haber solo una.

Un informe de la Fundación Construir, que se realizó en coordinación con la organización International Centre for Prison Studies (ICPS), indica que en los 61 recintos penitenciarios del país, 19 urbanos y 42 carceletas rurales, registran una tasa de hacinamiento que va desde 140% en San Sebastián (mujeres) hasta 900% en Palmasola (varones), con el promedio nacional mencionado de 290%.

Agrega que las principales cárceles están sobrepasadas por la población penal. “San Pedro fue creada en 1895, fue construida para un máximo de 450 personas, algunos dicen que en realidad solo para 300, y actualmente hay más de 2.100 allí”. En Palmasola hay 5.464 internos.

El hacinamiento causa proliferación de enfermedades, violencia, ansiedad entre los presos, entre otros problemas, además de dejar escaso espacio para talleres de capacitación o lugares de trabajo.

3.- Niños en las cárceles

“¡No pueden estar los niños en las cárceles, no pueden! En Bolivia incluso hay adolescentes en los penales, eso es algo inaceptable. Incluso hay mujeres adolescentes en cárceles de hombres, que sufren toda clase de abusos”, afirmó a Brújula Digital Ramiro Llanos, el exdirector de Régimen Penitenciario.

“A sus casas pues, son donde su tío, donde su hermano, ¿qué están haciendo los trabajadores sociales? Todos tienen que involucrarse, el Ministerio de Justicia tiene que tomar alguna iniciativa aquí”, agregó.

La situación ha ido mejorando lentamente, en un tema que genera preocupación internacional. Bolivia es uno de los pocos países del mundo en el que ocurre este fenómeno. En otros se aceptan a bebés, sobre todo lactantes, y en penales de mujeres, pero en Bolivia muestra la anomalía de incluso adolescentes mujeres en los sectores de internos varones.

El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, informó recientemente a RTP que un total de 615 menores viven en cárceles de los cuales 420 están en penitenciarias de La Paz. En 2015 había casi el doble.

El ex Defensor del Pueblo, Rolando Villena indicó a Brújula Digital: “De ninguna manera (debería haber niños en la cárcel). Porque los niños, como no tienen visibilidad social, están aún más invisibilizados. Su presencia en las cárceles hace que el tema de la violencia que ellos sufren sea tres o cuatro veces más grave (que en adultos)”.

4.- Detenidos sin sentencia

Ana, la esposa de un detenido de la cárcel de San Pedro, informó a Brújula Digital, que se ha cometido una gran injusticia con su marido. Explicó que, para chantajearlo, le acusaron de violación y terminó preso. Asegura que el juez le ha solicitado 5.000 dólares para dejarlo libre, pero ella no ha podido conseguir el dinero.

“Se les ofrece 5.000 dólares y te lo dejan en libertad. Los que matan, roban, rapidito salen, los que son inocentes se quedan, aquí puro inocentes están sin tener pruebas, sin sentencia están en aquí. Pocas personas están sentenciadas y los que cumplen su sentencia tampoco salen porque piden otros papeleos”, expresó, con visibles muestras de desesperación.

El caso del esposo de Ana es el de 12.600 detenidos sin sentencia en el país, o un 70% del total según estimaciones oficiales.

El abuso del mecanismo de “detención preventiva” se demuestra en el grave aumento de los internos de las cárceles bolivianas. Entre mediados de 2016 y 2017, los presos aumentaron en un 72% en las cárceles de La Paz, de 1.939 a 3.353 personas privadas de libertad, expresó un informe oficial.

La “detención preventiva” debería ser usada solamente en casos extremos, cuando el sospechoso implica un riesgo evidente para la sociedad o cuando existen duda de fuga u obstrucción de justicia. Pero en Bolivia los fiscales solicitan la detención preventiva en el 77% de los casos y En El Alto y Santa Cruz un reporte estableció que esa cifra fue del 90%.

5.- Bajo presupuesto

El abogado Carlos Flores hizo hincapié en otro problema, el del reducido presupuesto del sistema judicial, que está en su nivel más bajo de las últimas décadas. Explicó que la norma aprobada por el Gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé, que pasó a las gobernaciones parte de la responsabilidad del presupuesto penitenciario, ha agravado la situación.

“Una muestra clara que cada vez vemos en la prensa, es que las gobernaciones deben el pago del prediario (alimento) a los privados de libertad, que es algo básico y que no llega a ocho bolivianos al día” afirmó Flores a Brújula Digital. Hizo notar que si en eso existen retrasos, tampoco hay presupuesto para erigir nuevas cárceles, para mejorar la infraestructura de las actuales, para implementar centros de monitoreo electrónico (brazaletes electrónicos).

El presupuesto de justicia, de un poco más de 100 millones de dólares anuales, para 2018 presenta el 0,44% del total de los recursos nacionales.

“Es un desastre ver en el penal de San Pedro, la enfermería no es un cuarto ni de dos por cuatro metros, un cuartucho lleno de medicinas expiradas y para tanta población solo tienen un médico”, añadió.

Con ese ínfimo presupuesto, deben pagarse a unos mil jueces, otros tantos fiscales, renovarse los juzgados, pagar ujieres y otros, ordenar investigaciones y hasta cancelar los prediarios para los internos. (ANF)


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