Cerca de medio millón de personas se dedican al comercio de ropa usada

• El 2014 entró en vigencia el Decrerto Supremo 28761 que prohíbe la importación y venta de ropa usada en el país.

 

Actualmente 300 mil familias viven del comercio de prendería usada en el país.

Cerca de medio millón de personas en el país se dedican al comercio de prendería usada, actividad que podría desparecer de acuerdo a Ley, porque existen reparos sanitarios respecto a la venta de estos artículos.

El 2014 entró en vigencia el Decreto Supremo 28761, que prohíbe la importación y venta de ropa usada en el país. La norma tiene la finalidad de proteger la industria textil boliviana y a la población, por sus posibles efectos negativos en la salud pública, debido a que esta mercadería no cuenta con inspecciones sanitarias y por tratarse de bienes de origen desconocido.

En la práctica ninguna disposición de seguridad se cumple ni se aplica, por el rechazo de los comercializadores de ropa a medio uso, algunos de ellos con gran poder económico y con la capacidad para movilizar a miles de pequeños comerciantes que consideran que se verán afectados por la norma. Entretanto que las organizaciones de pequeños y medianos productores reclaman su aplicación estricta.

Para mañana lunes está programada una reunión prevista para las 10.00 horas con el Ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, y el Viceministro de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala Néstor Huanca para evaluar la propuesta de ese sector.

De acuerdo con Juan Carlos Gutiérrez, dirigente del sector central “Virgen del Carmen” en la oportunidad el sector planteará sus observaciones al proyecto de Ley formulado por el Gobierno que prohíbe la venta de esa mercadería.

Mientras se cumpla la anunciada reunión, los comerciantes de base y dirigentes sectoriales de La Paz y El Alto anunciaron que se mantendrán en vigilia frente a las instalaciones gubernamentales en la avenida Mariscal Santa Cruz de la sede de gobierno, a fin de precautelar que ninguna de las disposiciones que emita el Gobierno afecte su derecho al trabajo y al sustento de sus familias.

Según la dirigencia del sector, lo adecuado es normar y ordenar esa actividad comercial, para cuyo efecto están dispuestos a pagar impuestos, crear una norma regulatoria específica para ese sector que incluya una previa clasificación de las mercancías.

A decir del dirigente, todo diálogo o medida del Gobierno debe buscar consensos y debe proponer la creación de fuentes de empleo de manera inmediata para que el sector no sea asfixiado.

PROBLEMA INTEGRAL

Por su parte, el presidente del Comité Departamental de Defensa de la Comercialización de Ropa a Medio uso de La Paz y El Alto, Tomás Quispe, afirmó que se trata de un problema mayúsculo del Gobierno, porque se trata de fuentes de empleo que no han generado. “Ese anteproyecto de Ley nos estaría relocalizando a por lo menos 200 mil familias que vivimos de esa actividad”, señaló.

Por otra parte calificó de insensato plantear que las alcaldías hagan cumplir una prohibición que no logró hacer cumplir el propio Gobierno y que tampoco ha generado las industrias ni fuentes de empleo que necesita el país.

NO ES COMPETENCIA

Po otra parte, la dirigente del “Sector Galerías” en el centro de la ciudad de La Paz, Ana María Ugarte, descartó que esta actividad comercial sea una competencia para la industria de la confección nacional, toda vez que el país no ha desarrollado esa capacidad y que la competencia en el mercado se da alrededor de la ropa china barata y de mala calidad.

Pese a los años que lleva el problema de la ropa usada, el conflicto se mantiene vigente, el Gobierno ha intentado desincentivar esta actividad ofreciendo créditos a los comerciantes para su reconversión, sin embargo han sido muy poco utilizados.

Las medidas propuestas hasta la fecha no han prosperado y se aún se buscan opciones alternativas para encarar el problema. Actualmente está en debate un proyecto de ley que otorga la competencia de control de este comercio a las Alcaldías, que serían los responsables de garantizar que la prohibición se cumpla.

DATOS

- Desde 2014 está vigente el Decreto Supremo 28761, que prohíbe la importación y venta de ropa usada en todo el territorio nacional.

- Los comerciantes de prendería usada piden al Gobierno que busque consensos y proceda a la creación de fuentes de empleo de manera inmediata

- 200 mil familias, aproximadamente, dependen de este comercio.

- El capital de trabajo puede ser desde $us 100.

- Los “farderos”, en Oruro operan con capitales mayores a $us 30.000.

- Este comercio creció, aproximadamente, en 50% en los últimos cinco años.

- El comercio de ropa usada genera empleos directos para planchadoras, lavanderas, transportistas, estibadores, vendedoras, limpiezas de ropa, sastres y servicios de seguridad.


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