Carencia de efectivos para seguridad ciudadana

Cientos de efectivos en varios puntos de la ciudad de La Paz descuidan su labor de brindar seguridad en las zonas alejadas de la urbe alteña.

Los vecinos de diferentes urbanizaciones en El Alto denunciaron que los módulos policiales se encuentran vacíos, como consecuencia a la disposición del Gobierno de atender, todos los días, las protestas sociales que se presentan en la sede de Gobierno, aspecto que deja sin resguardo a varias zonas, favoreciendo a la inseguridad ciudadana.

Pobladores de los distritos urbanos y rurales dieron a conocer su protesta ante el abandono de los módulos policiales como consecuencia del traslado de efectivos, no solo para atender todos los días las protestas sociales que se presentan en la ciudad de La Paz, sino también por los ensayos que estarían realizando las diferentes unidades policiales que se trasladarán antes del 24 de junio a Potosí, donde la Policía Boliviana realizará su desfile, como festejo a su aniversario, indicó José Quispe representante de la zona Mariscal José Ballivián, correspondiente al D-6

MÁS DE UN MES

“La Seguridad Ciudadana que es supuestamente planificada y programada con diferentes patrullajes en las zonas de alto riesgo, desde hace más de un mes han abandonado sus funciones en la ciudad de El Alto como consecuencia al traslado de efectivos policiales a la ciudad de La Paz, para cumplir resguardo policial en Plaza Murillo, además de otras entidades públicas por donde transitan las protestas sociales que continúan vigentes en la sede de Gobierno, por diferentes sectores, factor que favorece a la delincuencia que día a día genera diferentes hechos delictivos en contra de la humanidad de las personas o la propiedad de diferentes viviendas o actividades económicas”, reafirmó Quispe.

DESPROTEGIDOS

En los módulos policiales de las diferentes zonas, si bien suelen designar a dos hasta cuatro efectivos policiales, pero desde hace un mes los vecinos evidenciaron el repliegue de los mismos, quienes son destinados a proteger solo la Plaza Murillo.

Para Martha Álvarez, vecina de la zona, las Políticas de Seguridad Ciudadana definidas por el municipio no logran ser coordinadas y menos aplicadas por funcionarios policiales, aspecto que convierte a varios sectores, como la Ceja, 12 de Octubre, Jorge Carrasco, Juan Pablo II, Río Seco, 6 de Marzo, Senkata, entre otras zonas, en los focos de inseguridad ciudadana con el normal funcionamiento de bares, cantinas, lenocinios y los constantes robos agravados en contra de los parroquianos o propietarios de viviendas.

PROTECCIÓN AL GOBIERNO

“Es una pena que los funcionarios policiales no solo es una cantidad reducida, sino que ahora son utilizados para otros fines políticos de protección al Gobierno y no a la población como establece la propia Constitución Política del Estado (CPE)”, lamentó.

En el Distrito seis, si bien se instaló seis cámaras de seguridad ciudadana, las mismas a la fecha no funcionan, a ello se suma la ausencia de funcionarios policiales en los módulos designados en las zonas.

Si bien los vecinos se presentaron ante el Comando Regional de El Alto, para solicitar presencia policial, sobre todo en horas de la tarde o noche, la respuesta de funcionarios de esta repartición fue clara cuando les informaron que existe una orden por parte de autoridades del Comando General de disponer de los funcionarios de las diferentes unidades en esta ciudad, para que realicen el apoyo y refuercen el resguardo de Plaza Murillo, por la existencia de diferentes marchas desarrolladas diariamente. Asimismo los vecinos se enteraron de que antes del 24 de junio, otra cantidad de policías viajará a Potosí, para realizar el desfile institucional, por su aniversario, factor que pone en alerta a los vecinos quienes no descartan en asumir medidas de control.

“Es por eso que si detenemos a algún ladrón en la zona, como no hay policías, ya no vamos a llamar, directamente tomaremos la justicia por mano propia”, advirtió Juan un vecino de la zona quien solicitó reserva de identidad porque en varios casos, la justicia suele detener a dirigentes que asumen dicha medida, aspecto que se convierte en una protección indirecta de los delincuentes.


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