Autoridades legales vulneran derechos constitucionales

Antes de caer en manos de los operadores de “justicia”, miles de personas prefieren tranzar y arreglar sus problemas fuera de los tribunales.

Abogados y litigantes observan una actuación burocrática e inadecuada de los actuales procesos penales, donde algunos jueces y fiscales demuestran estar poco preparados, al generar una serie de vulneraciones de los derechos y garantías constitucionales.

Marco L., es uno de los abogados penalistas, quien con su experiencia de más de 15 años, lamentó que los actuales jueces y fiscales en la presente gestión cometen una serie de vulneraciones en contra de las personas detenidas en diferentes casos, donde les anulan todos sus derechos y garantías constitucionales, de manera constante.

“Las personas que llegan a ser detenidas, por ejemplo, hasta que no presten sus declaraciones informativas, no tienen derecho a nada, le niegan todo tipo de trámites que debe presentar con fotocopias legalizadas, no tienen derecho a nada", observa el profesional legal.

MANTIENE DERECHOS

De acuerdo con el procedimiento penal, se establece que a toda persona en calidad de imputado no le pueden ser anulados sus derechos desde el primer día que llega a ser detenido, procedimiento que debe respetarse hasta concluir el proceso, pero en la actualidad en varios casos atendidos, los fiscales estarían cometiendo una serie de irregularidades que en última instancia solo perjudica a la víctima y favorece a la libertad de los imputados, permitiendo que los casos se congestionen en el Ministerio Público, sino que muchos de ellos queden impunes.

En tanto Lorena H., abogada, establece que las recientes subreglas establecidas por el propio Tribunal Constitucional es de imposible cumplimiento, porque para poder denunciar las irregularidades cometidas de jueces y fiscales, “porque la personas detenidas debe estar en absoluto estado de indefensión para que se pueda acceder a la vía constitucional, a los recursos de apelación y recusación, procedimiento que ha generado mayor carga procesal por el procedimiento burocrático que se aplica por normas internas definidas por el propio Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero", explicó la jurista.

COSTOSO Y BUROCRÁTICO

Ambos abogados que deben defender una serie de hechos penales y estar diariamente en los juzgados, prefieren mantener en reserva su identidad, con la finalidad de no perjudicar sus casos defendidos, pero advierten que la población litigante y sobre todo las víctimas en la comisión de diferentes delitos penales, se encuentran en mayor indefensión, aspecto que genera el abandono del proceso, ante los procedimientos burocráticos y costosos que deben enfrentar.

"Cerca del 70% de los casos atendidos, con personas detenidas, existe una directa vulneración de los derechos constitucionales de estas personas, es por eso que al final quien sale más perjudicado, siempre será la víctima, por la burocracia existente en la actualidad, las normas aplicadas por los fiscales y jueces solo hace erogar mayores gastos", añadió Marco L.

En los Juzgados de El Alto, en el juzgado Anti Corrupción el libro diario, se convierte en una evidencia de las denuncias realizadas por los dos abogados, porque dichos libros está repleto de cientos de hojas, de rechazo presentadas a la Fiscalía, porque los fiscales en la actualidad están generando la vulneración de los derechos, permitiendo diferentes líneas que favorecen a la impunidad.

ABANDONO DE PROCESO

"Por ejemplo los abogados cuando tenemos que verificar los expedientes y presentar esos rechazos, debemos cobrar a los litigantes, como una audiencia, porque es todo el día que se debe realizar dicho procedimiento, aspecto que tienen un costo desde Bs 200 a 500. En ese procedimiento, pasa el tiempo la víctima decide abandonar el caso y el imputado se beneficia por haberse vencido los plazos procesales y sale en libertad", reiteró Lorena H.

Un segundo problema que en la actualidad enfrentan los abogados, es la creación de la comisión de fiscales, en cualquier caso, procedimiento que en mucho de los casos es de desconocimiento de él o los fiscales asignados, quienes a la audiencia, llegan sin leer los expedientes, por haber recibido una hora antes, aspecto que genera riesgos procesales de mantener la vulneración de los derechos, tanto de las personas detenidas, como de las víctimas de un delito.

"En una reconstrucción de caso, por ejemplo, que se presentó y estaban designados dos fiscales, solo uno participó, pero como no conocía el caso en su totalidad se presentó a dicha actuación, con un expediente que no era del caso. Ese error paralizó dicha actuación que se definió en cuatro meses, afectando a la víctima y permitiendo la impunidad del implicado en un delito de homicidio", recuerda Marco L.


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