Aseguradoras alertan sobre peligro de usar seguros que ofrecen clínicas privadas

Los seguros ofrecidos de forma independiente por las clínicas privadas son ilegales y no son fiscalizados por la autoridad del sector, por lo cual ponen en riesgo los derechos de los asegurados.

Con el aumento de la cantidad de gente que cuenta con seguros ofrecidos de forma ilegal por clínicas privadas y que no goza de garantías, crece también el número de personas que corre el riesgo de que no cuenten con la cobertura y calidad ofrecida.

“Es nuestro deber advertir al público que la compra y venta de pólizas de seguros que no sean emitidas por empresas legalmente autorizadas por el ente regulador boliviano, al amparo de las leyes nacionales y de la normativa vigente, es una actividad ilegal y por tanto no goza de ninguna garantía y además está sujeta a las sanciones previstas por ordenamiento jurídico nacional”, manifiesta el gerente general de la Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA), Justino Avendaño.

La Ley de Seguros 1883, vigente en el país, en su artículo 29 establece que “toda entidad aseguradora, reaseguradora o de servicios de prepago debe constituir y mantener un capital social mínimo suscrito y pagado de, al menos, el equivalente a setecientos cincuenta mil Derechos Especiales de Giro (750.000 D.E.G.), el cual deberá estar acreditado en todo momento”.

Esta normativa dispone además que el capital mínimo sólo puede ser aportado en efectivo, excepto para las entidades de servicios prepago de índole similar al seguro.
 Éstas pueden también hacer aportes de bienes inmuebles y equipos y maquinarias hasta un límite establecido por reglamento y que correspondan a la naturaleza del servicio prestado.

“Las entidades de seguros prepago nunca se constituyeron como tales, pero sí trabajan como si lo fueran. Toda actividad de seguros debe ser controlada por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), pero estas clínicas no cuentan con ninguna autorización, no cumplen los requisitos que se exige a las compañías de seguros, entre ellos los financieros, ni los que deberían cumplir como empresas prepago, pero siguen comercializando seguros”, enfatiza Avendaño.

Durante los últimos años se ha presentado un incremento de ofertas ilegales de seguros de salud de clínicas privadas. Según ABA, debido a que esos servicios no se enmarcan en el ámbito legal no están reguladas por la autoridad de seguros, por tanto, es difícil identificarlas.

Hasta el momento se tiene el dato de nueve clínicas en Santa Cruz, aunque lo más probable es que sean más, y de algunas en La Paz. El presidente de ABA, José Luis Camacho, explica que “las clínicas y centros médicos han visto que las compañías de seguros manejan a su principal volumen de clientes (número de clientes)” y por ello se han interesado por tener ingresos directos por esa vía ilegal.

De acuerdo con datos de ABA, un 80% de los ingresos de los centros médicos y las clínicas dependen de las compañías aseguradoras y el 20% restante está compuesto por los pagos de clientes privados que pagan directamente su atención.

Otro factor que ha impulsado este fenómeno peligroso es que las clínicas se están dando modos para evadir el control de las compañías de seguros, ya que éstas administran y controlan los gastos de los usuarios, para mantener las primas y no aumentar las tarifas de médicos y proveedores. Esto hace que los precios sean fiscalizados y que no se eleven mucho para el cliente final.

A ello se suma que muchas clínicas se sienten más presionadas que antes por las aseguradoras en cuanto a la calidad de servicio y beneficios para los usuarios. “Hay un control de precio-calidad que no es ejercido por los asegurados de manera independiente, sino por las compañías aseguradoras de manera directa a las clínicas”, recalca Camacho.

El gerente de ABA, Justino Avendaño, lamenta que este problema haya crecido sobre todo en Santa Cruz. Apunta a que estos servicios no encuentran un freno desde las autoridades y por eso aprovechan para ofrecer seguros ilegales de salud en el país.

Existe un vacío debido a que aún no existe una reglamentación a la Ley de Seguros que controle el funcionamiento de las empresas de seguros prepago y, mientras la situación se mantenga -sostiene ABA- aumenta la cantidad de personas en riesgo de no contar con seguros de salud cuya calidad sea fiscalizada y controlada de manera formal.


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