ANP en alerta por directrices del Ministerio de Comunicación

ASÍ LUCE EL NUEVO PALACIO DE GOBIERNO EN EL CENTRO POLÍTICO DE LA CIUDAD DE LA PAZ.

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) expresó su preocupación por las directrices emitidas desde el Ministerio de Comunicación respecto de la denominación del nuevo edificio, destinado a ser la sede de la primera autoridad del Órgano Ejecutivo, y advierte que tales “aclaraciones” pueden lesionar el parágrafo segundo del Artículo 106 de la Constitución Política del Estado (CPE), que excluye la “censura previa” en el ejercicio de la libertad de expresión.

DENOMINACIÓN OFICIAL

A raíz de la publicación de medios internacionales como El Mercurio, El Nuevo Herald sobre el nuevo palacio de gobierno que despertó críticas en la ciudadanía, Gisela López, ministra de Comunicación, publicó un comunicado para instar a los periodistas a utilizar el término “Casa Grande del Pueblo”.

“El Ministerio de Comunicación recuerda a medios de comunicación y periodistas que realizan cobertura de las actividades y gestión del Gobierno nacional, que el nombre del edificio en donde funcionarán el Ministerio de la Presidencia y otras carteras de Estado es Casa Grande del Pueblo”, señala el comunicado.

VERSIÓN INTERNACIONAL

La publicación de la agencia internacional The Associated Press (AP) empieza así: “El Mandatario boliviano, Evo Morales, estrenará un nuevo palacio presidencial, de 28 pisos, que incluye un helipuerto, una suite con jacuzzi , sala de masajes, gimnasio, el que ha costado poco más de 34 millones de dólares a la nación más pobre de Sudamérica”. La nota causó la molestia del Gobierno que calificó como una publicación mentirosa.

En ese marco y con el claro objetivo de insistir en que se debe utilizar los términos que ellos consideran correctos y no remitirse a las declaraciones de políticos de oposición, insistió en que los periodistas “seamos responsables y no se distorsione”.

EXHORTACIÓN A MEDIOS

“Exhortamos a los medios de comunicación que tienen y cumplen con la responsabilidad constitucional de informar adecuadamente a la sociedad, a no ser utilizados por intereses políticos que recurren a la distorsión perniciosa de la realidad”, expresa el comunicado oficial.

En ese marco, la ANP señala que el pedido del Ministerio de Comunicación estaría en contra ruta de la que emanan y garantizan las normas constitucionales sobre la libertad de expresión.

“La norma va en armonía con el Artículo 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que considera que la ‘censura previa’ sobre ‘cualquier expresión’ debe estar ‘prohibida por ley’”, expresó Franz Chávez, director ejecutivo de la ANP.

LABOR PERIODÍSTICA

La entidad considera que el contenido de las diferentes notas periodísticas, publicadas en los distintos medios de comunicación, se remite a describir y dar las características acudiendo a sinónimos que denominan un espacio que albergará a servidores públicos y que los mismos no denotan ofensas.

“Ha sido ampliamente difundida la descripción y características de la estructura del edificio, destinado a las áreas de trabajo, las amplias comodidades y fines para los que ha sido diseñado, y ello lo convierte en sede principal de las decisiones políticas y, por tanto, el uso de sinónimos no es ofensivo, ni cuestiona al que se asigna oficialmente”, sostuvo Chávez.

Otro de los puntos que destacó es que el trabajo periodístico se centra en las fuentes que dan la información y que las mismas son transmitidas por el medio, por lo que no puede haber distorsiones bajo supuestos intereses.

“No son aceptables las insinuaciones de ´distorsiones motivadas´ por supuestos ´intereses políticos´ que se pretende atribuir a periodistas y medios de información que practican el periodismo apegados a normas éticas”, señaló Chávez.

Por lo tanto, concluyó que “la preocupación de la organización que representa a los medios impresos y una agencia de noticias también es extensiva a la última disposición que suprime la difusión de la Agenda Presidencial. Los asuntos de Estado son de carácter público y ese principio de transparencia informativa, practicado desde la recuperación de la democracia, en 1982, debe continuar”, afirmó Franz Chávez.


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