Abogado pide investigar hechos de violencia del 21 de febrero

FRANCO ALBARRACÍN PEDIRÁ A LA CIDH SE PRECAUTELE LA SEGURIDAD DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN BOLIVIA.

El abogado de exrepresentantes y activista de la Asamblea Permanente de Derechos Humano (APDH) - Capítulo Bolivia, Franco Albarracín, anunció su petición de medidas cautelares y provisionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para precautelar su seguridad y se efectúen investigaciones acerca de los hechos violentos desatados el pasado 21 de febrero.

El abogado anunció que la APDH este viernes emitirá un pronunciamiento de rechazo al accionar del gobierno de Evo Morales en torno a la vulneración de los derechos humanos en las movilizacioes destinadas a concretar su repostulación a la presidencia de Bolivia, planteamiento rechazado, mediante referéndum del 21 de febrero del 2016.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de (CIDH) tiene la política de proteger a los defensores de los derechos humanos. Sabemos que estos hechos llamarán la atención del organismo internacional. La violencia organizada por la policía y las agresiones en contra de un abogado que representa una denuncia de los exdefensores en contra de la repostulación de Evo Morales, ya es un asunto que cobra importancia internacional”, apuntó.

ACOMPAÑAMIENTO

La petición de las medidas cautelares y provisionales ante la CIDH contará con el acompañamiento de organizaciones no gubernamentales, población civil mediante organizaciones e individual, Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos, Human Rights.

El petitorio ante la CIDH, según lo anunciado, plantea el cese de las acciones criminalizadoras de las expresiones públicas, cívicas ciudadanas en contra de la repostulación de Morales a las elecciones presidenciales del 2019.

“Se debe resaltar que el Estado justifica la reelección de Morales con disposiciones que establece el sistema Interamericano de Derechos Humanos, el pronunciamiento de la CIDH, estamos seguros, será contundente y el Estado debe obedecer, lo contrario sería un grave antecedente para Bolivia", apuntó.

En este contexto, señaló que los hechos de violencia, el uso de agentes químicos, el disparo de una granada de gas contra la humanidad del abogado activista de la APDH constituyen la violación a los derechos de miles de bolivianos, de la sociedad civil movilizada el reciente 21 de febrero.

Asimismo, señaló que la Comisión de Derechos Humanos analizará los videos de violencia registrados durante esa jornada y sobre la actuación de la Policía Boliviana.


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